La violenta explosión con los saldos trágicos no fue un hecho "casual", una serie de denuncias ya venían siendo hechas por trabajadores a lo largo de los últimos años producto de los constantes accidentes y explosiones parciales que se venían sucediendo. Pero el gobierno ha pretendido presentar las explosiones y el incendio ocurridos en la refinería de Amuay, en el Complejo Refinador de Paraguaná, como un hecho “fortuito". El propio ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ha manifestado que la tragedia ocurrida en la refinería “tuvo su origen en una fuga de olefinas (gas que se usa en proceso de fabricación de gasolina)… Por condiciones climáticas el gas no fue dispersado y se formó una nube, como una neblina, que luego hizo ignición (...)" negando que “la falta de mantenimiento pueda ser la causa del accidente” [1]. Pero como sostenemos, la realidad es todo lo contrario, una serie de accidentes graves y frecuentes denuncias de trabajadores petroleros han venido alertando esta situación, acarreada fundamentalmente por falta de inversiones, mantenimiento y violaciones de las normas de seguridad en la industria petrolera.

Como han denunciado dirigentes sindicales de la federación petrolera [2], dicha situación afecta infraestructuras y equipos en general, refinerías, taladros, muelles, embarcaciones y plataformas marítimas, estaciones de bombeo, patios de tanques, plantas y talleres de más áreas e instalaciones de la petrolera estatal, que ponen en riesgo la vida y la salud de los trabajadores. Por eso afirmamos que este “accidente” no es tal, sino que es el resultado de la negligencia de toda la burocracia petrolera y del propio gobierno.

Se calcula que alrededor de 304 accidentes y siniestros han ocurrido en las diversas instalaciones de PDVSA en el país desde el año 2003, en los cuales han muerto 68 trabajadores y 264 lesionados [3], sin contar los datos de lo que va de año incluida la tragedia de Amuay, mientras existe un completo hermetismo en PDVSA en torno a los constantes siniestros ocurridos en sus instalaciones. La refinería de Amuay forma parte junto a la refinería de Cardón y Bajo Grande del Complejo Refinador de Paraguaná (CRP), uno de los más grandes del mundo, y con capacidad para procesar cerca de 945 mil barriles diarios de crudo. Este complejo ha venido sufriendo explosiones en calderas, apagones parciales y totales e incendios en diferentes áreas que han afectado las operaciones en ambas refinerías, siendo que para el año 2011 se habían reportado 44 incidentes [4], que anunciaban una tragedia de grandes dimensiones como la que hemos presenciado en Amuay.

Denunciamos y hacemos responsable de la presente tragedia al gobierno y a toda la burocracia jerárquica que dirige la empresa encabezada por Rafael Ramírez, pues han venido haciendo oídos sordos a las constantes denuncias y reclamos de los trabajadores de la empresa, y en este particular de los de la refinería de Amuay. Denunciamos también la cínica postura de los partidos que hacen oposición por derecha a Chávez, aglutinados en la MUD con Capriles a la cabeza, que mostrando lágrimas de cocodrilo, han salido a pescar en río revuelto, cuando ellos también han sido culpables de la destrucción de la industria petrolera como se observó en el paro patronal petrolero de finales del 2002 y principios del 2003, sin mencionar toda su política de apertura petrolera en los años noventa.

Exigimos la más clara y profunda investigación de lo ocurrido, pero esta investigación no puede quedar en las manos del gobierno ni de los directivos de la empresa, sino que debe ser llevada a cabo por una Comisión formada por representantes de los propios trabajadores, familiares de las víctimas, organizaciones ambientales independientes y expertos petroleros no comprometidos ni con el gobierno ni con los conglomerados del mundo del petróleo ni de la patronal empresarial.
PDVSA y el conjunto de sus instalaciones han estado y están completamente por fuera del control de los trabajadores, existiendo una casta de burócratas que asume la conducción, siendo ejecutora de toda la política energética que, por cierto, lejos está incluso de cualquier “soberanía nacional” como alardea el gobierno, estableciendo políticas que no se discuten ni se deciden en los organismos ni asambleas de los trabajadores y las comunidades pobres, sino en las oficinas de los ministerios y la presidencia de la República. Esto demuestra la descarada falacia del “poder popular”, que cuando se trata de decidir sobre los grandes asuntos de la política energética y de la propia seguridad laboral, los trabajadores y sectores populares son menos que espectadores.

Mientras esto ocurre existe una diferencia abismal
entre los sueldos y privilegios de los gerentes y ejecutivos y los salarios obreros. Como sabemos, a pesar de las altas sumas de ingresos por la venta de petróleo, no hay grandes cambios en las condiciones de vida de las masas trabajadoras. La casta de PDVSA se lleva buena parte de los ingresos petroleros, mientras a los trabajadores les desmejoran sus beneficios, incumpliendo los contratos colectivos vigentes, retrasando por todos los medios la aprobación de nuevos, poniéndole techos de carácter patronal a los tan necesitados aumentos salariales, que cuando son aprobados no responden a las reales necesidades de la masa laboral y que rápidamente absorbe la inflación. Además mantienen un verdadero control interno buscando someter a sectores que disienten de su política y sus privilegios, enviando a la Guardia Nacional a reprimir, con violencia abierta o intimidación, como ocurrió recientemente en Anzoátegui al secretario general de la FUTPV, José Bodas, quién junto a un grupo de trabajadores estuvieron repartiendo volantes en la empresa mixta Petroanzoátegui denunciando el contrato colectivo recién aprobado.

Desde el presidente, el vicepresidente, y el presidente de la empresa, todos junto a sus asesores, mantienen intactas las relaciones comerciales y negociados con grandes transnacionales, como se observa en las empresas mixtas y con buenas relaciones con el imperialismo yanqui en el negocio petrolero y otras grandes naciones, pero además se esfuerzan una y otra vez por demostrar que Venezuela es un “surtidor seguro y confiable” no sólo de petróleo sino de gas. PDVSA debe estar bajo el control de sus trabajadores, que son quienes por su condición social, llevan la mayor y más importante carga sobre sus hombros y representan genuinamente el interés de los sectores explotados del país. Por eso resulta impostergable la necesidad de establecer el control obrero sobre la principal industria del país para avanzar hacia la administración obrera directa. Esta es la única forma de que la gestión de la industria petrolera, avanzando en su total nacionalización sin indemnización a ningún conglomerado transnacional bajo control obrero, sea transparente de cara a los trabajadores y las necesidades del país, de que sus planes de inversión, producción y comercialización, así como el precio de sus servicios, estén en función de los intereses obreros y populares y no de la “rentabilidad” capitalista como lo están hoy bajo el mando de los funcionarios del Estado.