En la nueva Ley, en su Artículo 173 se afirma que “la jornada de trabajo no excederá de cinco días a la semana y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a dos días de descanso, continuos y remunerados durante cada semana de labor”, lo que implica un tope de 40 horas semanales, diferente a las 44 horas definidas en la Ley anterior.

Según el propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE), si tomamos el último informe semestral consolidado, tenemos una población activa de 13.442.689 personas, con una población desocupada de 1.054.485, donde el sector formal es de 6.943.861 personas y el sector informal de 5.230.838, siendo que en el sector público habría 2.447.924 ocupados y el sector privado 9.940.280, y la cantidad de trabajadores por cuenta propia no profesionales ascendería a 3.735.077 y como miembros de cooperativas 191.970 personas. Empecemos por afirmar entonces que hay muchísimos sectores a los que no aplica o no llega el “beneficio”, una primer cuenta muestra que a 7 millones 629 mil 815 trabajadores y trabajadoras, para hablar con datos actuales, no llega a estar regimentado por lo que estipula la Ley, si tomamos en cuenta la simple suma del sector informal, desocupados, trabajadores por cuenta propia y otros.

Pero esta cifra crece algunos millares más si tomamos en cuenta que en el sector privado existen amplios sectores de trabajadores y trabajadoras sometidos al trabajo precario y muchas veces sin siquiera contratos de trabajo, por lo que no sólo no llega tal beneficio sino que ni siquiera gozan de otros derechos estipulados en la propia ley. Y es que el gobierno hace alarde sobre que el desempleo se reduce, pero en muchos casos es a costa de un trabajo precario, pues las propias estadísticas no miden en verdad “empleo” sino “ocupación”, y donde hasta una persona que venda ambulantemente o alquile telefonitos celulares más de tres días por semana es considerada “ocupada”, mostrando lo pérfido de las indicadores, con millones que precariamente apenas sobreviven pero que en las estadísticas aparecen como “ocupadas”; no es casualidad que el INE no ofrezca cifras del trabajo precario en el país.

Pero de cualquier manera, sacando la administración pública que desde hace tiempo tiene una jornada laboral de 40 horas e incluso menos, en el sector privado y la industria estatal esas dos o cuatro horas libres serán pagadas como horas extras, trabajando igual los trabajadores por unos centavos más, y esto sin dejar de ver la realidad que ni las mismas 44 horas anteriores eran realidad. O en sectores como la docencia y la salud pública, donde es común que las/os maestras/os y enfermeras/os trabajen en más de un establecimiento para poder completarse los ingresos. En muchos casos sencillamente se viola la ley con complicidad del Estado, o sencillamente es común que los trabajadores hagan más allá de las 44 para redondearse el salario con las horas extras, es decir, lo mismo pasará ahora. Pero también en el caso de la administración pública es común que el propio gobierno haga trabajar más de las horas reglamentarias y aquí sin siquiera pagar las horas extras. ¡En fin, es una gran farsa la publicidad de que “ahora” los trabajadores tendremos más tiempo libre, y lo de “cinco días de trabajo, dos días libres”!