Una cuestión de primer orden que debemos tener clara, a propósito de toda la propaganda oficial sobre la nueva LOT, es que una cosa es lo que dice la ley y otra lo que en realidad hacen los patronos, tanto privados como públicos, y sus instituciones del Estado. La verdad es que la clase dominante y su Estado –llamado “democrático, de derecho y de justicia”–, se encargan de violar sus propias leyes cuando lo necesitan para garantizar sus intereses por sobre los de las masas trabajadoras. Es algo que cualquier trabajadora y trabajador saben, pero conviene recalarlo y hacerlo mucho más consciente ante la avalancha de propaganda del gobierno y sus empresarios amigos (como el presidente de Fedeindustrias, co-redactor de la ley).

Como mostramos en este dossier, se trata de una ley “hecha en capitalismo”, lo que quiere decir que, como siempre en la sociedad burguesa, a una ley que otorga “derechos” a los explotados le corresponde con seguridad otra, o varias, que limitan o incluso niegan ese mismo derecho. Es el caso, por ejemplo, del derecho a huelga, que tanto en esta misma ley, supuestamente “obrerista”, como en otras mantenidas o creadas por el gobierno de Chávez, tiene tantas restricciones que constantemente corre el riesgo de ser declarado “fuera de la ley” (ver recuadro). Es el caso también de la “libertad sindical”, obligada por esta ley a respetar los intereses burgueses que define la Constitución (ver recuadro). Ni hablar de “derechos” que no son sino la más pura demagogia, como el derecho a la “justa distribución de las riquezas” (ver recuadro). Como todo el funcionamiento económico y social en el capitalismo está supeditado a preservar la propiedad privada y sus intereses, cualquier “derecho” del pueblo trabajador que atente contra eso es penalizado, en la ley o en la práctica directa.

Y si de negar de hecho, por la simple fuerza, “derechos” de los trabajadores, para ilustrar podemos señalar solo algunos ejemplos que comprometen directa y flagrantemente al propio gobierno que nos vende hoy esta la ley, unas veces respaldando las prácticas antiobreras de la empresa privada, y otras ejecutándolas directamente en su rol de patrón.

El “derecho al trabajo” le fue pisoteado a cientos de miles de trabajadores (por entonces se calculaban unos 500 mil) luego del paro patronal de 2002-2003, cuando cundió una ola despidos en las empresas, y el gobierno lejos de obligar a los capitalistas a reingresar a los obreros y cumplir íntegramente con sus derechos, avaló muchos despidos y lanzó a la burguesía el salvavidas de la “cogestión” (con el Acuerdo Marco de Corresponsabilidad) mediante el cual le permitía incumplir toda una serie de derechos con los trabajadores y de paso les otorgaba créditos. También les fue violentado por el propio gobierno a miles de trabajadores de empresas estatales y la administración pública entre 2009 y 2010, cuando afrontó la baja de los precios del petróleo, entre otras medidas, con una política de despidos de contratados. Y, ¡¿acaso no fueron asesinados por la policía del gobernador chavista Tarek William dos obreros en la Mitsubishi por ocupar la planta de la transnacional imperialista contra el despido de más de 130 trabajadores?! ¡Y aún después de eso el gobierno autorizó el despido de toda la dirigencia del sindicato que había estado al frente de la lucha contra los despidos! ¿Y el “derecho al trabajo”? ¿Acaso no les fueron negados de plano los “derechos” al trabajo, al salario, a la seguridad social y pare de contar “derechos”, a los obreros de Sanitarios Maracay cuando el dueño decidió cerrar la fábrica? Pero, ¿no fue precisamente el gobierno de Chávez el que obró para derrotar por hambre y ahogo económico (sin descartar una que otra represión) la experiencia de gestión obrera directa mediante la cual los obreros defendían su derecho al trabajo y al salario?

El derecho a un “salario digno” es una farsa, por múltiples razones. Comenzando con que el salario es lo que encubre el robo del trabajo en el capitalismo, pues se hace creer que equivale al valor de la fuerza de trabajo que emplea el patrón y que por lo tanto entre el empresario y el trabajador hay un intercambio en términos iguales, cuando en realidad el salario representa apenas una parte del valor producido por los trabajadores, y la otra parte se la queda el patrón, es trabajo gratis. ¡Es el “secreto” de la ganancia capitalista! Es un esquema social en el que la clase trabajadora es despojada y la gran mayoría solo recibe a cambio un salario que lo que cubre es lo necesario para su propia reproducción como fuerza de trabajo y la de sus hijos como próxima generación de asalariados. ¡Muy “digno” no parece! Sin olvidar la importante franja de trabajadores que solo devengan el mínimo más el “bono” de alimentación, un ingreso cínicamente llamado “digno”, que apenas cubre la canasta alimentaria (¿poder comer tres veces al día es a todo lo que puede aspirar la “dignidad” obrera?) y lo elemental para sobrevivir. Un salario que, por demás, debe ser peleado constantemente porque constantemente tiende a devaluarse, o a sufrir políticas de contención salarial, como la que el propio gobierno impuso a los trabajadores y trabajadoras del sector estatal entre 2009 y 2010, como parte de la política “anticrisis”, lo que a su vez sirvió de “ejemplo” para el sector privado.

¿Y del derecho a la contratación colectiva? El gobierno tiene todo un expediente pasado y presente de incumplimiento de convenciones colectivas de trabajo, así como de negativa a discutir las que ya están vencidas, incluyendo su dosis de ataques a los que luchan por el cumplimiento de este “derecho”, instalando la práctica de que el derecho depende de la voluntad exclusiva del gobierno y, muy especialmente, del Presidente. ¿Acaso no han trabajado durante muchos años los trabajadores y trabajadoras de las mismísimas misiones sociales sin ningún tipo de derecho a la negociación y contratación colectivas? ¿Y el derecho a organizarse sindicalmente, acaso no le es violentado totalmente a la mayoría de los trabajadores de las misiones? Actualmente, por ejemplo, los trabajadores de Petrocasa viven una de las peores arremetidas contra el derecho a la contratación colectiva, al salario digno, a la organización sindical, a la protesta, a la salud y seguridad en el trabajo, a la integridad física y paremos de contar (ver nota en edición electrónica) ¿Y qué se puede decir del más de centenar de trabajadores y trabajadoras que la “justicia” burguesa aplicada por el gobierno tiene con algún proceso o penalización judicial encima por haber participado de alguna medida de lucha (huelga, ocupación de fábrica, tranca de calle, etc.) por sus “derechos”? Y aunque por la reacción obrera fue recogida la decisión a los pocos días, no podemos olvidar la condena del secretario general del sindicato de ferrominera, en febrero del año pasado, a 7 años y medio de prisión por participar de una huelga por el cumplimiento del contrato colectivo.

La conclusión es que los capitalistas y sus gobiernos se pasan por donde les da la gana sus propias leyes cuando se trata de garantizar sus intereses, y como siempre, será la correlación de fuerzas real entre los explotadores y su Estado por un lado, y los trabajadores y sus organizaciones por el otro, lo que defina en cada momento a qué tenemos “derecho” y a qué no los explotados.

Que los “derechos” establecidos en una ley pueden ser usados por la clase obrera para la pulseada con el capital y su Estado, es cierto, pero implica precisamente no confiar en el Estado burgués y sus leyes, sino la independencia política de clase. Es decir, implica la táctica y la estrategia , el posicionamiento de los trabajadores, que los podrá usar a su favor precisamente a condición de tener claro que se trata de formalidades que los empresarios –y el gobierno que se vende como “obrerista”– buscarán pisotear en la realidad cada vez que las circunstancias se lo exijan. Solo a condición de tener claro que el Estado y el gobierno que tenemos en frente no es nuestro “amigo” y “protector”, y por lo tanto no se puede confiar en que “cumpla” con nuestros “derechos”, sino que es garante de la explotación patronal, y que por lo tanto debemos confiar únicamente en nuestras propias fuerza de clase, en nuestra organización y nuestros métodos de lucha.