La nueva Ley Orgánica del Trabajo ha sido presentada por el gobierno ante los trabajadores y el pueblo venezolano como si se tratara de una conquista de alcance histórico, mostrada como si significara la entrada de la clase trabajadora en una nueva situación social, en un mundo de beneficios y derechos por doquier, por demás, supuestamente “únicos” en el mundo. También, como ya es costumbre, cargada de todo el cuento sobre que se trataría de una ley “revolucionaria” y “anticapitalista”, un paso más en el supuesto “tránsito al socialismo”. La nueva ley lo que hace es mantener lo fundamental de los derechos que ya existían en la ley anterior, ampliando o mejorando algunos, al tiempo que también coloca nuevos límites y trabas a otros.

La ley del puntofijismo, con la que continuó gobernando Chávez trece años, también establecía el derecho al trabajo, al salario (para una “existencia humana y digna”), a la negociación y contratación colectivas, a la huelga, a la organización y autonomía sindical, vacaciones, reenganche, antigüedad, prestaciones sociales, indemnizaciones por accidente o enfermedad ocupacional, primas y bonificaciones, participación en el disfrute de invenciones y mejoras, participación en la gestión de los institutos y empresas estatales o mixtas (incluyendo el estímulo de “trato preferencial” a las empresas privadas que siguieran ese ejemplo), protección durante el embarazo, reposo pre y post parto, inamovilidad post parto, privacidad sobre estado o no de gravidez al iniciar una relación laboral, igual trabajo igual salario, carácter salarial de las propinas, límites de la jornada laboral, etc., etc. La nueva ley no innova nada en muchos de estos, en otros casos amplía o mejora algunos, y en otros introduce retrocesos, como en el derecho a huelga y la libertad sindical (ver notas en este dossier).

Como explicamos en las notas que siguen, los aspectos de la ley que implicarían avances parciales, que son subproducto de la cantidad de luchas obreras y peleas dadas por diversos sectores de la clase trabajadora estos años, de la constante presión del movimiento obrero con la que debe maniobrar el gobierno para mantener su apoyo de masas, son derechos que no cambian sustancialmente la condición de explotados y oprimidos de los trabajadores bajo el capitalismo –sin olvidar que son “derechos” que el propio gobierno y los empresarios privados se encargan de pisotear cada vez que las necesidades patronales lo exigen (ver artículo). Y precisamente por eso, la ley sí cuenta con el respaldo de un importante sector de capitalistas, el agrupado en Fedeindustria, cuyo presidente fue co-redactor de la misma.

Una ley para regular las relaciones de explotación

La Constitución Nacional establece claramente los parámetros de una sociedad de clases, basada en la explotación de los trabajadores. Por supuesto, no lo dice con esas palabras, porque como toda ley burguesa, esconde el verdadero interés de clase y lo disfraza con frases sobre el interés de “la sociedad”, “los ciudadanos” o “el Estado”. La Constitución del ‘99 establece, al igual que la adeco-copeyana de 1961, como un principio de la sociedad venezolana, la propiedad privada capitalista y el derecho al “uso, goce y disfrute” de esa propiedad, es decir, la explotación de los trabajadores asalariados: “El Estado promoverá la iniciativa privada (…) la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria” (artículo 112), “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes” (artículo 115) .

Y no solo está en la Constitución, sino que esa es la cruda realidad del país, y son las bases de la sociedad capitalista venezolana que el gobierno de Chávez se ha encargado de preservar en todos estos años de gobierno, años en los que vivimos más de una situación de confrontación que pudieron haber desencadenado un verdadero proceso de abolición de la propiedad de empresarios, banqueros y terratenientes, pero que el gobierno ha evitado una y otra vez. Chávez se ha encargado de decirlo innumerables veces, que no se propone acabar con la propiedad burguesa, que son bienvenidos a su proyecto, que los capitalistas extranjeros pueden continuar sus negocios en el país, que garantiza las ganancias, etc., etc., solo que “sin especulación” y reservándose para el Estado un rol de “regulador” de esa actividad de explotación del trabajo, y el carácter de propietario directo en algunas actividades específicas, como atribuciones para orientar la economía hacia el “interés nacional”.

Por eso es todo un engaño cuando habla de “revolución socialista” y de que está en un “combate contra la burguesía”, cuando ha sido el principal garante de que la confrontación social no tome un curso de lucha abierta contra las bases de la sociedad capitalista. El gobierno abarrota de publicidad sobre el supuesto carácter “revolucionario” de la nueva LOT, pero no lo es, sencillamente es una ley para regular esas relaciones sociales de producción que establece la Constitución y que son la base del actual orden social: millones de asalariados y asalariadas producen diariamente (bienes de consumo, servicios, conocimientos, etc.) pero el fruto de ese gigantesco trabajo social colectivo se lo queda como “propiedad” un puñado de propietarios privados y, en menor medida, el Estado burgués, que administra esas ganancias y recursos también en función de mantener el orden social vigente.

Aunque entre más de 550 artículos deslice en uno una frase “radical”, que afirma “El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial, superar las formas de explotación capitalista” (art. 25), la nueva LOT no modifica un milímetro la realidad que señalamos. De frases “radicales” sin correspondencia en la realidad están llenos los discursos del gobierno. Y así como la realidad muestra que los poderes que constantemente busca concentrar Chávez no están al servicio de acabar con la clase capitalista y abrir el paso al poder de los trabajadores y el pueblo pobre, esta nueva LOT no es para abrir paso al poder obrero y de la clase trabajadora en general sobre los explotadores, sino que es una ley para regular “las relaciones de trabajo” bajo el capitalismo, es decir, para establecer los parámetros bajo los cuales se seguirá desarrollando la explotación. De “revolucionaria” y “socialista” tiene… ¡solo la publicidad!

Un ejercicio de caradurismo: “el trabajo liberador” y “el deber de trabajar”

“El Estado fomentará el trabajo liberador, digno, productivo, seguro y creador”, dice el artículo 26, el mismo en el que se establece para “toda” persona “el derecho al trabajo y el deber de trabajar”. Esto constituye una de las mentiras más grandes que sostiene desde siempre el discurso burgués, lo decía el puntofijsmo y lo dice ahora el chavismo, al punto que lo del “deber de trabajar” es casi una copia textual del artículo 23 de la ley de Betancourt, Caldera y Cía., pero esta vez se va más allá en el descaro y se habla de trabajo “liberador”(!).

Resulta que la ley jamás se refiere a las condiciones reales en las cuales se realiza el llamado “proceso social del trabajo” en la Venezuela de hoy. No dice una sola palabra sobre que la sociedad real –no la de las abstracciones de la ley– está divida en clases sociales, que es una sociedad en la cual la inmensa mayoría no posee más que su fuerza y capacidad de trabajo, y que una minoría de propietarios acapara en sus manos lo que es el producto de decenas y cientos de años de producción social. La clase capitalista concentra en sus manos aquello que toda la sociedad necesita para la producción social (tierras, máquinas, transportes, dinero, herramientas, fábricas, laboratorios, innovaciones, etc., etc.), es decir, los medios de producción y las fuentes de vida, y concentra también por eso el producto diario que resulta de la puesta en movimiento de estos medios por la fuerza de trabajo asalariada.

En el caso específico de nuestro país (como en algunos otros) hay una importante porción de propiedad pública, siendo que el Estado es históricamente propietario de la principal industria nacional y otras empresas claves (empresas básicas, hidrológicas, etc.), condición que se ha mantenido y fortalecido con este gobierno. Un aspecto que sin embargo no cambia lo anterior sino que lo complementa, pues se trata de un Estado al servicio de las clases propietarias y del capitalismo como sistema social, porque es el gran aparato político e institucional que garantiza la existencia de la actual división social de clases.

La propiedad pública en manos de este Estado no es sinónimo de trabajo “libre” y ausencia de explotación, como quiere hacer ver el gobierno, como si solo en la empresa privada hubiese “capitalismo” y explotación. La verdad es que en las empresas estatales y la administración pública existen las mismas relaciones de opresión y autoritarismo obrero-patronal que en las empresas privadas, y el producto de ese trabajo es puesto al servicio del sostenimiento de la sociedad burguesa. En manos del Estado capitalista, la “administración pública” de los distintos aspectos y problemas sociales (educación, salud, seguridad social, pobreza, hambre, falta de morada, delincuencia, etc.) implica la aceptación como natural e inconmovible la dominación económica y social de las clases propietarias, por tanto no se trata de la administración de “la sociedad” en general, sino de una administración para la sociedad burguesa; incluyendo por supuesto los aspectos más evidentes como la coacción y represión para mantener este orden social (tribunales, policías, ejército, cárceles, institutos y universidades policiales, etc.). Por otro lado, los propios recursos estatales pasan a ser directamente utilidades u objeto de usufructo de la burguesía mediante las más diversas maneras que le garantiza el Estado: subsidios, exoneración de impuestos, créditos baratos, endeudamiento con la banca, pago de deuda externa e interna, “indemnizaciones”, desarrollo de infraestructura para el uso de las empresas, etc. Sin olvidar que los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, obviamente, entran por completo en el ciclo de reproducción del capital a través del consumo cotidiano (y el endeudamiento) en el mercado capitalista.

De manera que lo que el gobierno llama “proceso social del trabajo” no es sino la denominación, interesadamente abstracta, de lo que en realidad es la conversión del producto del trabajo colectivo en propiedad privada (o en servicios para el funcionamiento del orden social capitalista), un robo constante, un proceso de explotación y subordinación social de la clase trabajadora, tanto en el sector privado como en el sector público. El trabajo en el capitalismo no es por tanto “liberador”, “digno”, ni “creador” por ningún lado que se le mire: los trabajadores y trabajadoras lo hacemos compulsivamente ante las carencias y necesidades más elementales (alimentación, vestido, vivienda, etc.), no trabajamos para vivir sino que vivimos para trabajar, y no podemos realizarlo más que vendiendo diariamente y por toda la vida nuestra fuerza de trabajo a cambio solo de un salario; no es liberador porque se trabaja bajo las condiciones y necesidades que imponen los capitalistas y patronos; no es liberador porque constituye una sistemática enajenación del producto de nuestro trabajo (los patronos expropian diariamente el fruto del trabajo), no trabajamos para nosotros sino para los patronos; no es liberador porque lo que debemos pensar y ejecutar diariamente no es lo que determinamos los propios productores de las riquezas sino lo que la sed de ganancia empresarial ordena y lo que ordenan los mandos del Estado de esta sociedad de clases.

Y si en la sociedad capitalista ni la propiedad, ni el control del trabajo, ni sus productos, están en manos de la clase trabajadora ni en función de nuestros intereses, ¿no es acaso pura ideología burguesa hablar del trabajo en esta sociedad como algo “liberador”?

Y obviamente también miente la ley al decir que “toda persona” tiene “el deber” de trabajar. La democracia capitalista se fundamenta en sostener una supuesta “igualdad de todos” (ante la ley) mientras en la realidad reina la más contundente desigualdad (en el terreno de la propiedad y la explotación), y esa pose burguesa recorre toda la nueva ley del trabajo, y especialmente lo del “deber de todos” de trabajar. A los únicos a los que la sociedad capitalista obliga a trabajar es a quienes no poseemos medios de producción, pues para las clases propietarias, que viven de la renta y de las ganancias, esa obligación sencillamente ¡no existe! ¡Nada ni nadie en esta sociedad obliga a los miembros de la clase capitalista a dejar la vida trabajando durante casi todo el día, casi todos los días de la semana, toda la vida, para subsistir, incluyendo las labores del hogar, pues hasta tienen quien trabaje en sus casas por ellos! ¡Ellos viven en la opulencia, disfrutando el tiempo libre y placeres a costillas del trabajo ajeno! A los únicos que el hambre, la falta de vivienda, de vestido, de medicinas, de lo elemental, obliga a trabajar es a los proletarios y desposeídos de este sistema inmundo.

El embauque de “los fines del Estado”

Cuando la ley inicia prescribiendo que la protección “del trabajo” y “los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras” es para “alcanzar los fines del Estado” (artículo 1), es claro que está marcando objetivos para la producción social que son ajenos a los intereses de la clase trabajadora. Siendo el Estado el aparato de control social que garantiza la dominación de las clases propietarias, ¿cómo puede aceptar la clase trabajadora que se le imponga “alcanzar los fines del Estado”?

¿Cuáles son los “fines del Estado” capitalista? Garantizar el orden social actual, la división social de clases que existe hoy. Tiene como finalidad garantizar que el sistema social tenga legitimidad ante las masas y que no haya alzamientos de los de abajo, lo que implicará combinación de algunas concesiones y “derechos” con sus respectivas “dosis” de coacción y represión cuando el orden lo requiera. En ese sentido, una finalidad del Estado es inculcar en las masas la ideología burguesa, según la cual no es posible construir una sociedad sin propiedad privada, lo que incluye la propia educación de las nuevas generaciones en las escuelas y liceos, donde jamás en ninguna asignatura ni área se les enseña a combatir y subvertir el orden social de hoy, sino todo lo contrario; más allá de las poses discursivas del gobierno.

Bajo el gobierno actual, los fines del Estado incluyen el llamado “desarrollo nacional” y una supuesta “justicia social”, fines que no implican revolucionar la sociedad capitalista sino solamente aumentar las atribuciones del propio Estado burgués para seducir o presionar un poco a la clase capitalista para que invierta más en el país, así como usar parte de la renta para paliar parcialmente la pobreza y la miseria, todo dentro de los marcos de la división de clases vigente.

¿Cómo, pues, se puede decir que tiene algo de “revolucionario” o de “obrerista” imponer a la clase trabajadora que debe trabajar para cumplir los fines del Estado?

El fundamento reaccionario de la ley: la colaboración de clases

Por supuesto, la ley se fundamenta, como la Constitución y el proyecto político de Chávez, en la idea de la colaboración de clases, en la falsa idea de que los explotados y los explotadores pueden convivir armoniosamente con mutuos beneficios. Esta idea no solo es insostenible en la realidad, sino que, políticamente, es profundamente reaccionaria: pretende que los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre se resignen a vivir bajo las condiciones de explotación que impone la sociedad capitalista. El gobierno, ¡claro está!, no lo dice en la ley, precisamente porque la ley esconde esta verdad, jamás hace mención a la división de clases de la sociedad, a la explotación como la base real del sistema económico. Ni la ley ni Chávez proponen el desarrollo de la lucha de clase de los explotados, sino “desarrollar” el país “juntos” entre los empresarios, los banqueros, su Estado, y los trabajadores. Y esto es la “colaboración de clases”.

Todo lo contrario a la perspectiva revolucionaria, que se niega aceptar el orden social de explotación, que repudia la continuidad de la sociedad de clases actual, y por lo tanto no pregona la “colaboración” entre la clase trabajadora y los capitalistas y patronos, sino que reconoce la existencia de una ruda lucha de clases – a veces velada, a veces evidente y explosiva–, denuncia la dominación económica y social de las clases propietarias sobre las mayorías trabajadoras, y difunde la idea, y lucha por hacerla realidad, de que los explotados desarrollen su lucha con tanta conciencia de clase como lo hace la burguesía, con tanta claridad de sus intereses propios como clase como lo hace la clase capitalista, con total decisión de conquistar una sociedad organizada de acuerdo a sus necesidades como clase trabajadora y productora de las riquezas, tal como los capitalistas y su Estado actúan con la total convicción de mantener en pie la sociedad de explotación. La ley tiene pues un fundamento reaccionario que es totalmente antagónico con la perspectiva de lucha revolucionaria de la clase trabajadora.