El “parlamentarismo de calle” y “el pueblo que gobierna” de los que tanto habla el gobierno se devela permanentemente como una completa farsa, pero más aún cuando se elaboró una nueva Ley Orgánica del Trabajo a puerta cerrada por un grupo de funcionarios y burócratas que anteponen siempre los intereses del gobierno a los de los trabajadores, y promulgada por decreto. Si alguien estuvo ausente en toda su discusión fueron precisamente los millones de trabajadores y trabajadoras que ni fueron consultados en lo más mínimo y que se enteraron del texto de la misma cuando ya empezaba a regir luego de ser decretada.

Este secretismo en todo su período de elaboración, que incluso marginó a corrientes sindicales afines al propio gobierno, está acorde con las características de un gobierno que pretende alzarse como árbitro entre trabajadores y patronos regimentando y decidiendo aquí y allá, en una clásica manera bonapartista de gobernar donde, como todo bonapartismo, busca que todos se le sometan y acaten sus decisiones, donde Chávez “decide” qué le conviene o no a la clase trabajadora. Pero la verdad es que, como explicamos en el artículo central, esta ley no es más que un entramado jurídico de cómo se establecerán de hoy en más las relaciones obrero-patronales, más allá de que ahora le hayan agregado en el nombre que es “de los trabajadores y las trabajadoras”.

Es la imposición de un régimen de normas que rige un sistema jurídico laboral que afectará a millones de trabajadores y trabajadoras, ya que, más allá de la verborragia “socialista” del gobierno, la nueva ley del trabajo se encargará de dar "seguridad jurídica" a las normas de explotación del capital sobre el trabajo. El mecanismo de su elaboración en secreto por una comisión presidencial busca reforzar entre los trabajadores que su papel y condición política es de subordinados en esta sociedad dividida en clases y sometida a la “dictadura del capital”, que a cambio de algunas pocas migajas económicas se los busca mantener inactivos políticamente, y que deleguen en la cabeza del Estado burgués el derecho a darles o quitarles derechos. Es todo lo contrario a lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras, tanto para luchar por sus condiciones de vida, como más aún para levantarse contra el sistema en su conjunto y comenzar la construcción de una nueva sociedad sin explotación capitalista: ser una clase social con estrategia y posicionamiento político propios, conquistando derechos, y peleando la hegemonía política, mediante sus propios métodos de lucha y sus organizaciones.