“El sector briquetero nacionalícese,… la empresa Matesi nacionalícese, Comsigua nacionalícese, Orinoco Iron nacionalícese, Venprecar nacionalícese y la empresa de tubos Tavsa”, declaró el presidente Hugo Chávez por cadena nacional el 21/5, ordenando también la nacionalización de Cerámicas Carabobo -productora de ladrillos refractarios para las industrias básicas- desde Ciudad Guayana. Como era de esperar, el sector empresarial local, así como las cámaras empresariales de Argentina, protestaron frente a los supuestos “ataques de Chávez a la propiedad privada”, mientras los trabajadores de algunas de las empresas afectadas, y que venían en proceso de luchas desde hace meses, lo veían como un triunfo. Con esta medida, Chávez, amplía su control a toda la cadena de producción ferro-siderúrgica del país, pero al mismo tiempo intenta descomprimir la fuerte conflictividad obrera y la crisis sindical que existe hace meses en la región.

Comprando “soberanía nacional”

Si bien las empresas son medianas y no aglomeran gran cantidad de trabajadores como Sidor, los más de 700 trabajadores de la empresa Orinoco Iron, 205 de Comsigua (Complejo Siderúrgico Guayana), 130 de Matesi (Materiales Siderúrgicos), 364 de Tavsa (Tubos de Acero de Venezuela), 232 de Venprecar (Venezolana de Prerreducidos Caroní), y unos 200 de Cerámicas Carabobo conforman la población de casi 2.000 trabajadores directos que pasarán a formar parte de la nómina del Estado. Además, varias de ellas están controladas por el capital extranjero: Matesi está controlada por Ternium (Grupo Techint) con 50,2% de las acciones y por Sidor con 49,2%; Tavsa tiene mayoría accionaria de Techint (70%) y de CVG (30%); Comsigua está en manos de la japonesa Kobe Steel aproximadamente 60% y el resto está repartido entre Techint , Fmo y Marubeni; Orinoco Iron y Venprecar, divisiones de Sivensa (con acciones del grupo australiano-británico BHP Billiton y capitales locales), y Cerámicas Carabobo es de los “locales” Boulton, Grupo Cisneros y Banco Mercantil.

Estas medidas se suman a las de hace algunos meses como la adquisición de una de las plantas de alimentos de Cargill, hace un mes el pase a control de PDVSA de 76 empresas medianas de servicios petroleros conexos y el anuncio reciente de la compra del Banco de Venezuela. Rápidamente, Chávez aclaró que todas serían debidamente indemnizadas, tal como lo hizo con las transnacionales (socias con 40%) en la Faja del Orinoco, la compra a precio de mercado de Cantv (telecomunicaciones), Elencar (electricidad), y con las cementeras de las transnacionales Holcim y Lafarge y con el pago reciente de 1970 millones de dólares por la compra de Sidor.

Como vemos, y hemos venido insistiendo, lo que hace Chávez no es más que una compra directa de lo que él llama “soberanía nacional”, reposicionándose en sectores clave de la economía nacional, pagando miles de millones de dólares a los pulpos internacionales (ver ¿Cuánto le cuestan...?), cuando estas empresas deberían ser expropiadas sin indemnización alguna. Cuando comienzan a llegar al país los vientos de la crisis, el gobierno recorta presupuesto, aumenta el IVA, los productos básicos, pero decide pagar religiosamente a las transnacionales. Este pago no hace más que aumentar la sangría presupuestaria, por eso estas empresas deberían ser expropiadas sin pago alguno y pasar al control directo de los trabajadores, utilizar todo ese potencial para las necesidades urgentes de la población que ve caer su nivel de vida y el aumento del desempleo producto de los planes de la patronal, pero también de los propios ajustes del gobierno.

Presionando para aflojar la billetera

Todas las asociaciones patronales y la oposición derechista protestaron como era de esperarse. El grupo Techint de Argentina fue uno de los principales, junto a las cámaras empresariales en Argentina como la Unión de industriales (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), las Cámaras de Exportadores y de Comercio, además de entidades que nuclean a bancos privados argentinos y extranjeros, exigiéndole a Cristina Fernández la intervención para defender sus intereses. Esto contrastó con la actitud de los empresarios españoles, que salieron contentos con el negocio por el Banco de Venezuela, y según afirmó Chávez: “Hoy se firmó el acuerdo, en los mejores términos y sin ningún conflicto. Quiero reconocer la actitud del gobierno español que no cayó en las provocaciones que ha lanzado cierta prensa española y cierta prensa venezolana” (AFP22/5). Lo que buscan en realidad los grandes empresarios argentinos es una buena compensación por las empresas afectadas, pues las dos de mayoría accionaria argentina Tavsa y Matesi estaban prácticamente paralizadas (ver más adelante).

De esta manera, en el marco del VII Encuentro Trimestral entre Brasil y Venezuela, Chávez le dio todo su apoyo a la presidenta argentina, ante la polémica que desataron los anuncios en el país. Chávez indicó que “los empresarios argentinos que están en Venezuela deberían agradecer que tienen a Cristina como presidenta, ya que gracias a su mediación se lograron los acuerdos a los que llegaron” (Radio YKVE Mundial, 26/5). A lo que Cristina agradeció y salió a responder que “Fue precisamente la intervención de esta Presidenta lo que les permitió obtener por el 60% de las acciones expropiadas la bonita suma de 1.970 millones de dólares” (El Universal 26/5). Y más aún, la intervención de la presidenta argentina logró que el gobierno de Chávez se hiciera cargo de los pasivos laborales que adeudaba la propia transnacional a los trabajadores. Como siempre, Chávez remata con que lo suyo “se trata de un socialismo que no niega la inversión privada, dentro del desarrollo armónico de la propiedad privada con la propiedad pública, estatal y comunal… De esa manera lograremos la igualdad, la equidad y la libertad” (Radio YKVE Mundial, 26/5).

Negocios de Pirro

En un reciente artículo publicado en la revista Lucha de Clases, decíamos que luego del triunfo del referéndum del 15 de febrero y después de la derrota del referéndum del 2 de diciembre de 2007, Chávez lograba una cierta recomposición temporal, mostrando una capacidad de recomponerse parcialmente. Esta situación la ha aprovechado en dos sentidos, por un lado para recuperar su control sobre las masas y el movimiento obrero y por el otro, en su política de pasar a la órbita del Estado otro conjunto de empresas funcionales a las industrias estratégicas. Hay que señalar que Chávez ha logrado recuperarse, como lo muestran no sólo las encuestas con casi un 60% de apoyo, sino también por la pérdida de ofensiva –al menos momentánea- que la oposición de derecha había logrado luego del 2D.

Vemos entonces que luego de febrero, el gobierno le dio un impulso a sus “nacionalizaciones” en empresas de las áreas de petróleo, banca e industria básica. Pero lo que llama la atención es que retoma su plan para controlar sectores estratégicos en un entorno de contracción de la economía, mayor inflación y menores ingresos petroleros. Para muchos analistas, la recuperación de esos sectores requiere inversión pública, pero actualmente el músculo financiero del gobierno es débil: tiene menos recursos y más compromisos, cuando el desplome del precio del petróleo derrite el ingreso de divisas. El precio promedio del crudo venezolano registra hasta ahora un descenso de 51% con respecto a 2008, y el ingreso por exportaciones muestra una caída de 55% en el primer trimestre. Según datos del propio Banco Central, la actividad petrolera registró una caída de 4,8% del PIB durante el primer trimestre, debido a los menores volúmenes de producción y sus ingresos por exportaciones fueron 9,8 millardos de dólares (menores a los 20,4 millardos del mismo periodo en 2008). Esta caída se da cuando el PBI tuvo un pírrico crecimiento del 0,3% en el primer trimestre de 2009.

El gobierno tiene verdaderos problemas de caja, tanto en el sector petrolero como en otros sectores, y deudas tanto con contratistas como con sus proveedores, que genera también conflictividad obrera en esas empresas que argumentaban deudas del Estado para incumplir sus obligaciones. Así, algunos analistas explican que más allá del control de los sectores estratégicos, “el gobierno acelera las nacionalizaciones porque tiene deudas con proveedores y antes de realizar los pagos pendientes o entregar subsidios para que se pueden mantener en el tiempo, opta por tomarlas y así tener el dominio” (Luis Vicente León, Datanálisis, 25/5). Veamos sino el ejemplo de Tavsa, una empresa que está dentro de Sidor. Pdvsa es su “casi único” cliente que adquiere el 95% de su producción. La petrolera estatal le debe a Tavsa 50 millones de dólares, y a su vez Tavsa le debe a SIDOR unos 12 millones de dólares. Como forma de presión, Tavsa dio largas para no cumplir con sus obligaciones laborales llevando a los trabajadores a la lucha, que llevó a paralizar sus actividades.

Aunque se especule sobre las reales intenciones del gobierno de Chávez al avanzar sobre estas empresas, sobre todo por la merma de ingresos de dólares por la caída del precio del petróleo, la realidad es que Chávez se “hace cargo” de empresas en plena crisis y necesitará cuantiosas inversiones para reactivarlas, y en medio de la crisis mundial las transnacionales aprovechan para vender lo más alto que puedan. Como Pirro en la guerra, Chávez canta victoria pero a costa de una gran sangría e incertidumbre en el horizonte económico, pudiendo haber confiscado directamente a los sedientos de ganancias.

Las luchas obreras cruzan las medidas de Chávez

Escribíamos en un artículo en La Verdad Obrera Nº 325 sobre la emergencia de un nuevo movimiento obrero, su recomposición objetiva y las luchas que estaba librando. Decíamos también cómo Chávez está buscando disciplinar las luchas obreras más radicalizadas e incluso de sus amenazas a los trabajadores de las empresas controladas por el Estado frente a la creciente ola de huelgas. Y al método de persuasión y amenazas agrega ahora otro movimiento para intentar desmontar el proceso de luchas, sobre todo en la mayor concentración minero-ferro-siderúrgica del país. Tres luchas tendían a convertirse en una bomba de tiempo, todas ellas pasadas recientemente a la órbita del Estado: Matesi, Cerámicas Carabobo y Tavsa.

Cuando Chávez anunció las últimas medidas, los trabajadores de Matesi llevaban 6 meses de lucha, y durante todo este tiempo no percibieron sus salarios por la dura postura del grupo Techint, que había decidido eliminar dos de sus tres turnos, intentando para eso despedir a una cantidad importante de trabajadores. Frente a esto los trabajadores resisten y van a la huelga. La empresa justificaba la situación con la crisis mundial pero los trabajadores sabían que había otros intereses y no se equivocaban: Techint forzaba la intervención del Estado para hacer factible la “nacionalización” y sacar provecho, considerando lo bien que iba la negociación de Sidor. Los trabajadores ya venían exigiendo al gobierno que estudiara la expropiación de la trasnacional que atentaba contra sus derechos. “No podemos ser nosotros los sacrificados por el fracaso del capitalismo, que se rebajen los gerentes los sueldos en todo caso”, afirmaban los obreros. La situación en Tavsa no era distinta, aunque aquí la empresa estaba sin producir desde hacía más de tres meses, en una especie de lock-out, con el argumento de inoperatividad por la deuda del Estado de 50 millones de dólares, abandonando totalmente a los trabajadores, que sufrían despidos (como los 120 obreros contratados despedidos ¡el 1 de mayo!). Los trabajadores, sin embargo, se mantuvieron en pie de lucha y exigieron que la fábrica fuese nacionalizada como Sidor.

Por su parte, Cerámicas Carabobo estaba ocupada desde hace seis meses por sus trabajadores. En octubre de 2008 los empresarios ordenaron ejecutar el protocolo de apagado de los hornos de cocimiento de ladrillos refractarios e informaron a los trabajadores el cierre técnico de la fábrica alegando razones financieras. Los trabajadores se negaron al cierre y respondieron poniendo las máquinas en mantenimiento (mínimo), declarando en los hechos el inicio del conflicto. La patronal buscaba reabrir nuevamente la empresa con otro nombre para incumplir sus obligaciones con los obreros y reducir personal. Los trabajadores se percataron de la maniobra e inmediatamente ocuparon la empresa, exigiendo la nacionalización de la planta. En Orinoco Irons y Venprecar, poco antes de la medida de Chávez, los trabajadores anunciaron un plan de lucha conjunto por los derechos y reivindicaciones sociales, económicas y laborales de ambas empresas, amenazando entrar en huelga si la empresa no reconoce sus demandas.

El gobierno busca descomprimir las luchas en curso pagando cuantiosas indemnizaciones a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, pero aun cuando estas empresas pasan a manos del Estado subsisten problemas como la precariedad laboral y la tercerización, tal como lo estamos viendo actualmente en Sidor como también en las petroleras.

Mientras siguen sin solución problemas acuciantes como la vivienda, el aumento de la carestía de vida y el salario real cae por la inflación, Chávez indemniza a las grandes transnacionales en su fanfarronada política de “soberanía nacional”. Frente a esto, es necesario tomar como bandera de lucha: ¡Ni un centavo para los pulpos económicos transnacionales o locales! ¡Ninguna indemnización por las empresas que se nacionalizan! ¡Expropiación sin pago de todas las empresas que despidan o amenacen cerrar, pasando a ser controladas directamente por sus trabajadores!

¿Cuánto cuesta la “soberanía nacional” de Chávez?

4.143 millones de dólares por las “nacionalizaciones” de Sidor, las cementeras Holcim y Lafarge y el Banco de Venezuela (cuyos dueños también se llevan 304 millones como ganancias por periodos anteriores). Esta suma equivale al 42% del ingreso por exportaciones del primer trimestre de 2009.

A esto hay que agregar el pago que tendrá que hacer en el corto plazo por la compra de Cerámicas Carabobo, las 76 empresas de servicios petroleros, la planta de alimentos de Cargill y las 6 empresas en Guayana.

Además ya había pagado 1.300 millones de dólares por el 86% de las acciones de CANTV (mayor empresa de telecomunicaciones) y 740 millones de dólares por el 82% de las acciones de Electricidad de Caracas. Sin contar aquí todo lo que se ha pagado por las otras "nacionalizaciones" como las del sector petrolero en la Faja del Orinoco que dieron origen a las empresas mixtas (donde las transnacionales siguen de socias con 40% de las acciones).