Este lunes, el presidente estadounidense, Barack Obama, emitió una nueva orden en la que "implementa y amplía" las sanciones aprobadas por el Congreso a finales de diciembre pasado, y declaró una "emergencia nacional" ante el "riesgo extraordinario" que supone la situación venezolana para la seguridad de Estados Unidos.

El presidente norteamericano, cuyo gobierno mantiene relaciones y brinda ayuda financiera a varios países acusados de violar los derechos humanos, hizo pública, en un claro gesto de cinismo, una declaración oficial en la que determinó que “la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos (…) constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de Estados Unidos, y yo por la presente declaro emergencia nacional para abordar esa amenaza”. En el documento se sanciona a 7 funcionarios militares, judiciales y policiales de Venezuela por violar presuntamente derechos humanos y políticos en el país. La acción ejecutiva ordena la suspensión de visas y el congelamiento de bienes en territorio estadounidense.

Según afirmó una vocera del Departamento del Tesoro, en entrevista con el diario El Universal de Caracas “No quiero hacerlo ver como si fuese algo muy común, porque no es muy común que se haga algo así. Sin embargo, el lenguaje utilizado en esta orden Ejecutiva no es específico para Venezuela. Es el lenguaje estándar de todas nuestras sanciones que incluyen países como Siria e Irán”. La declaración de “emergencia nacional”, es un instrumento que le permite al presidente estadounidense, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país, como es en este caso contra integrantes del Gobierno de Venezuela. En este sentido, Obama fue "un paso más allá" en lo que respecta a sanciones contra funcionarios venezolanos por presunta violación de los derechos humanos, con la firma de la Orden Ejecutiva en la que se expanden los criterios para incluir a alguna persona en la lista.

Las nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos y la declaración de que Venezuela es una “amenaza para la seguridad nacional” son parte de la escalada imperialista que busca erosionar y debilitar al gobierno de Maduro que atraviesa una situación marcada por la crisis económica y la polarización política. Al mismo tiempo busca fortalecer a los aliados del imperialismo norteamericano de la derecha venezolana, como aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest al decir que "Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar la intimidación hacia sus opositores políticos. Los problemas de Venezuela no pueden ser resueltos criminalizando a la disidencia".

Respuesta del Gobierno de Maduro en cadena nacional

En horas de la noche, el Presidente Maduro se dirigía al país en cadena nacional de radio y televisión, respondiendo al dictamen del gobierno imperialista estadounidense. Durante su alocución Maduro sostenía que “el objetivo de Estados Unidos es intervenir en Venezuela”, que el dictamen “es una desproporción… una grosería”, y que “el imperio pretende violar la soberanía de nuestra patria”. Con respecto a Obama afirmaba que “ha dado el paso más agresivo, nefasto e injusto contra Venezuela”, que ha decidido meterse en un callejón sin salida, agregando que “ha decidido que se le recuerde como un George Bush y Richard Nixon… nefasto para América y Latina y el Caribe”. Y dirigiéndose directamente al presidente estadounidense le decía: “Obama son ustedes la amenaza”, y “ustedes, presidente Obama, son los responsables del terrorismo que hay en el mundo”.

Maduro también sostuvo que “para enfrentar estas amenazas y esta agresión he elaborado una ley especial frente a cualquier circunstancia que se pueda presentar frente a esta nueva agresión imperialista, solicitaré una Ley Habilitante [poder especial para emitir decreto sin pasar por el Parlamento] ante la Asamblea Nacional”. En la cadena nacional Maduro aprovechó para designar al mayor general Gustavo Enrique González López, uno de los siete funcionarios sancionados por Estados Unidos como ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y pasando al ministerio de la Presidencia de la República, a la Almiranta en jefa Carmen Meléndez, que venía desempeñándose como ministra de Interior, entre otras designaciones.

Antes de la cadena nacional, al conocerse la orden del imperialismo estadounidense, Maduro llamó a consulta "inmediata" a su encargado de negocios en Estados Unidos, Maximilien Arveláiz. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se encuentran en su nivel más bajo desde que en 2010 ambos países se quedaron sin representación a nivel de embajadores, cuando aún era presidente Hugo Chávez. En los últimos meses las tensiones se han recrudecido tras las acusaciones por parte de Maduro de que Washington ha apoyado planes de conspiración para derrocar a su Gobierno.

El cinismo imperialista

Hay un cinismo mayúsculo del gobierno norteamericano (y de la derecha continental) que mantiene alianzas con gobiernos alineados con el imperialismo que son campeones en violar los derechos humanos y son represores del pueblo trabajador, como el caso de México y el reciente escándalo por la masacre de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes con la responsabilidad del Estado. Lo que demuestra que a Obama no le interesa realmente ningún derecho democrático de los pueblos sino aprovechar cualquier circunstancia para condenar a un gobierno que no se alinea con los dictámenes imperialistas. No se le debe otorgar ninguna validez y se deben rechazar los intentos del imperialismo estadounidense para pretender ser los ‘sancionadores’ del gobierno venezolano.

Este rechazo a la injerencia norteamericana no implica avalar al gobierno de Maduro, que lejos de tomar medidas que ataquen los intereses del imperialismo y sus socios venezolanos, frente a la crisis económica que atraviesa Venezuela ha tomado medidas que afectan a los trabajadores y el pueblo pobre mediante la devaluación. Es claro además, no se puede avalar de manera alguna la represión gubernamental, pues esto implica el fortalecimiento de la fuerzas de represión del Estado, la misma fuerza que es utilizada contra las luchas de la clase obrera y el pueblo pobres. Las cuentas con las violaciones de los derechos democráticos, con los corruptos funcionarios del gobierno nacional y sus actos de represión -que caen siempre con más saña sobre la clase trabajadora-, las habrá de ajustar solo el pueblo trabajador venezolano, no los gobiernos de la burguesía imperialista norteamericana. Pero también el pueblo trabajador ajustará cuentas con los golpistas proimperialistas de la oposición, que fueron perdonados por el propio Chávez en 2007, y con los empresarios que han robado millones de dólares, y chantajeado y jugado con el hambre del pueblo.