Como comunicamos el viernes pasado (12/03), la marcha convocada en Maracay por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT-Aragua) para las primera horas de la tarde, no pudo desarrollarse debido a la acción la Policía de Aragua, bajo responsabilidad del gobernador del PSUV, Rafael Isea: unos 200 policías, al mando del 2º comandante, José López, arremetieron con bombas lacrimógenas y sus motorizados para disolver la concentración. La movilización estuvo convocada para rechazar las recientes medidas económicas del gobierno nacional, como la devaluación entre un 20% y un 100% del bolívar, y el aumento y liberación de precios, contra la criminalización de las luchas, exigiendo la libertad de Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco –encarcelado por ponerse al frente de la huelga de los trabajadores el año pasado por su contrato colectivo–, del cacique Yukpa, Sabino Romero –secuestrado en instalaciones militares–, y el castigo a los asesinos de los compañeros Richard Gallardo, Luís Hernández y Carlos Requena, dirigentes centrales de la UNT-Aragua , asesinados por sicarios, presumiblemente por orden patronal, el pasado 27 de noviembre de 2008.

El gobierno regional estaba notificado oficialmente, y con más de una semana de anticipación, de la movilización, sin embargo, su policía exigía que le mostraran un permiso de parte de la gobernación. ¡Pues el Estado quiere imponer la lógica de que las manifestaciones contra el gobierno deben estar condicionadas a que el mismo gobierno decida o no “conceder” el “permiso respectivo”! Este fue el argumento para su arremetida, llevándose además detenidos a 25 de los manifestantes, entre esos, a Robert González, secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), varios trabajadores y dirigentes sindicales, dos militantes de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), y tres activistas defensores de los derechos humanos, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Fueron metidos a la fuerza en las patrullas policiales y llevados hasta la comisaría ubicada en la zona de San Jacinto, donde fueron fotografiados, grabados sus rostros con cámaras de videos, despojados de sus documentos de identificación para registrar su nombres, y hacinados de pie en celdas de 2 x 1 metros . Todo esto aún sin informarles de ninguna acusación oficial, solo porque así lo dispuso el gobernador.

A las horas una funcionaria de la Fiscalía les informaría que serían presentados ante los tribunales al día siguiente con cargos de “obstrucción a la vía pública, instigación a delinquir y resistencia a la autoridad”, completamente a tono con la política del gobierno de criminalización de las luchas. Sin embargo, rápidamente circuló la denuncia de la detención de los compañeros por medios electrónicos nacionales e internacionales, incluyendo el detalle de tener detenidos a tres activistas defensores de los Derechos Humanos. En la propia UNT-Aragua se discutían las posibles acciones si los compañeros no eran liberados al momento. De tal suerte que ya en la noche llegó la información de que “desde arriba”, desde la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo se habían comunicado para que dejaran libres a los detenidos y “dejar todo hasta allí”.

Una nutrida concentración, después de la lluvia, esperó a los compañeros hacia el final de la noche, a la salida de la comandancia de la policía. Es así que los compañeros ni tuvieron que afrontar la apertura de causa judicial, que es el procedimiento “de rutina” que ha tomado el gobierno nacional, gracias al cual más de 2 mil obreros y campesinos han sido, o condenados a la cárcel –como Rubén González-, o tienen juicios en curso –como los de la Constructora Camila , en Guayana-, o bajo régimen de presentación cada tanto ante los tribunales –como varios trabajadores de Sanitarios Maracay y de Sidor, como el compañero Cruz Hernández, delegado de base y militante de la LTS-, o con prohibición de participar en manifestaciones públicas. Todos estos, mecanismos para intimidar e impedir la actividad política de los trabajadores y el pueblo por sus demandas, con independencia de lo que dicte el gobierno y de los intereses patronales, sean privados o públicos, recortando así las libertades democráticas. “Dejar todo hasta allí”, sería la contraorden de llegó de Caracas de parte de la Fiscalía y la Defensoría.

Queda sin embargo el “registro” en los archivos de esos perros de presa llamados “organismos de inteligencia” policial, los nombres y rostros de cada uno de los compañeros detenidos. Y también queda “registro” de que una marcha de trabajadores convocada para luchar contra las medidas económicas que le afectan, contra la criminalización de la protesta y contra la impunidad en los asesinatos de dirigentes sindicales, no pudo desarrollarse porque la represión del gobierno de Aragua la impidió. Y no es cosa menor destacar que se trataba de una marcha de trabajadores por sus propias demandas, por fuera de la polarización "chavista-oposición", es decir de una marcha obrera que ponía sobre el tapete la necesidad de comenzar a organizarse de manera independiente tanto del gobierno nacional como de la oposición empresarial.

Toda esta situación que se vivió el viernes pasado es la combinación de: a) la política represiva y de criminalización de las luchas que ha adoptado el gobierno en los últimos años, que bajo cuerda cuenta con el aval de la oposición burguesa, pues por su interés de clase le viene bien que se “discipline” al movimiento obrero, campesino y popular, y de hecho, donde es gobierno regional o local, aplica tan igual o peor esta política represiva. Solo chista la oposición burguesa cuando esta política del gobierno nacional afecta sus propias posibilidades de disputarle el terreno político a Chávez; b) la creciente crisis de autoridad de Chávez antes las masas obreras y populares; y c) un año electoral clave. Ante una movilización que aún no había iniciado, Isea, como militar burgués y seguidor a pie juntillas de Chávez, no tuvo mejor idea que aplicar la política extendida del gobierno contra las luchas obreras y populares que se le escapan de las manos: reprimir y apresar para llevar a juicio. Desde Caracas, la Fiscalía y la Defensoría , no menos subordinadas al gobierno nacional, sopesaron el hecho de apresar y abrir juicio a un dirigente de la principal federación obrera del país (FUTPV) y a tres activistas de una de las principales organizaciones nacionales de derechos humanos (PROVEA), además de otros trabajadores y dirigentes sindicales de uno de los estados con mayor dinámica de luchas obreras, las más importantes de las cuales se dan por fuera del control de la burocracia sindical chavista y de la vieja burocracia sindical cetevista. El escándalo y problemas adicionales a los que se sometería al gobierno nacional le eran "contraproducentes", justo cuando el gobierno tiene como meta difícil de lograr, pero clave para la continuidad de su proyecto político, ganar las tres cuartas partes de la Asamblea Nacional en septiembre próximo. Esa fue la lógica del gobierno central.

Sin embargo, aunque esto es una muestra de las contradicciones que vienen cruzando al gobierno en su debilidad estratégica ante las masas, su administración de la crisis económica, y la emergencia de luchas obreras que se le escapan de lo estrechos límites que quiere imponer, de ninguna manera implica un “ablandamiento” de la política estatal de “disciplinamiento” del movimiento obrero. Apenas un día antes, el jueves 11, el ministerio del Trabajo daba por enésima vez un paso más en su antiobrera y contrarrevolucionaria alianza con el capital imperialista japonés de la Mitsubishi Motors al declarar ilegal la huelga de los trabajadores de la planta en Barcelona, dejándole nuevamente el paso libre a la empresa para rematar lo que ha sido una política sistemática para reprimir y descuartizar la organización obrera: solamente en esta empresa el gobierno lleva en su haber el asesinato de dos obreros a manos de la policía del también psuvista Tarek William Saab, cuando estos estaban en huelga y ocupando la fábrica en rechazo a 135 despidos; la declaratoria de “ilegal” de varias medidas de lucha de los trabajadores, con lo que dio puerta franca para las represalias de la empresa y los cuerpos de represión; el despido de todo el sindicato y el de otras decenas de trabajadores; y ahora esto… además de los acuerdos con la Mitsubishi Corporation para la explotación de recursos energéticos en el país.

Esta jornada en Aragua es una muestra más de la falsedad del discurso “revolucionario” y “socialista” del gobierno, que “enfrenta” la crisis económica afectando el salario y los derechos de los trabajadores, garantizando las ganancias patronales y reprimiendo las luchas que se dan por fuera de su control. También ratifica la imperiosa necesidad de la organización independiente de los trabajadores, de la lucha por la coordinación y unidad desde las bases en lucha, organizando encuentros regionales y nacionales de delegados y delegadas de las fábricas, empresas y lugares de trabajo, para unificar las fuerzas de los trabajadores y votar planes de lucha y movilización comunes contra las políticas que están haciendo recaer el peso de la crisis capitalista sobre nuestras espaldas. Así como de la necesidad de luchar por una alternativa obrera y socialista, independiente de los bandos patronales en pugna hoy en el escenario nacional.

Lunes, 15 de marzo de 2010

LTS

Liga de Trabajadores por el Socialismo