La noche de este martes durante su programa "En contacto con Maduro" el presidente anunció la aprobación del incremento salarial de 50% para los docentes de todo el país, no bien transcurrida una semana del paro programado de 24 horas en las escuelas públicas del país convocado por el gremio magisterial. Todo esto en medio de una crisis económica cuyos indicadores oficiales el Gobierno se niega a publicar, donde la inflación mantiene un ascenso imparable que se combina con la escasez de productos y aumentos autorizados (y no autorizados) de precios en casi todos los rubros.

Un incremento anacrónico que no responde a la necesidad

Entre lo anunciado por Maduro destaca la aprobación de 17.995 millones de bolívares para que el ajuste salarial entre en vigor a partir del 1 de mayo del año en curso, esto –según dice–“será aplicable para el personal docente en todas las escalas”. También se aprueba la discusión adelantada de los contratos colectivos que impactará sobre 713.231 trabajadores del Ministerio de Educación “entre maestros, empleados y todo el personal”, y la cancelación de los intereses de mora de jubilados y pensionados de la cartera educativa. Todo lo anterior –en sus propias palabras– “siempre poniendo un punto de equilibrio entre la necesidad y la posibilidad”.

Además hizo referencia al paro programado de 24 horas convocado por la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (SINAFUM) y la Federación Venezolana de Educadores (FVE), que se efectuara en ciudades del país el pasado jueves 14 de mayo, afirmando que se trataba de “algunos grupos pretendieron pararle la educación a los muchachos”, cuando en realidad le paraba todo el sector magisterial público.

Para el presidente de la FVM, Orlando Alzuru, el paro de 24 horas apuntalaba a exigirle al Gobierno nacional “una respuesta inmediata ante las precariedades que vive el gremio en la actualidad”, entre las peticiones que dirigía el gremio al primer mandatario una semana antes que hiciera su anuncio del incremento salarial, que incluía precisamente el aumento a cinco (5) salarios mínimos, pues según Alzuru “nuestras remuneraciones no nos permiten tener una vida digna”. Por otra parte, en medio de la fuerte crisis económica que sacude el país, la convención colectiva vigente para el período 2013-2015 (próxima a vencer este año), estipula escalas salariales que se han visto rezagadas frente a la inflación galopante y el alza progresiva de los precios de los productos y servicios.

Como vemos, el amplio margen de distancia entre las demandas del gremio docente y lo aprobado por el presidente muestra a las claras que la relación entre posibilidad y necesidad dista del “equilibrio” percibido por el jefe de Estado.

Las razones del paro docente

El paro programado de 24 horas convocado por el gremio magisterial para el pasado jueves 14 de mayo, es el segundo paro nacional del gremio en lo que va de año, dándose en el marco del vencimiento de la convención colectiva vigente, que de acuerdo a las diversas organizaciones de la educación coinciden en la precaria situación que viven los docentes en todos los niveles.

Maduro en clara desestimación del paro magisterial aseveraba que se debía a “razones politiqueras de pequeños grupos”, argumentando que: “una pequeña minoría, que lamento. Digo que lamento porque saben que estamos dialogando permanentemente (…)”, cuestión que demás está decir que es falsa. Pero el Presidente no solamente se quedó en desestimar el paro docente sino que recurrió al chantaje al afirmar que “nuestros jóvenes y niños no se merecen que por razones politiqueras alguien se sume a un llamado cuando se está discutiendo en tiempo real las reivindicaciones, protección social de todo el magisterio”. Al mismo tiempo que hacía un llamado a “suspender cualquier acción de carácter sindical” en clara referencia a medidas de paro, puesto que, según su opinión, “hay voluntad de parte del gobierno y del ministro Rodríguez”.

Pero la “voluntad” a la que se refiere el Gobierno, digamos, solo se observa cuando es presionado mediando la lucha magisterial que dicho sea de paso, no solo se debe a la lucha por el incremento salarial sino que también se pide por la estabilidad laboral para 96 mil docentes interinos, con precaria remuneración y que se encuentran “desatendidos en el aspecto social y económico”. Y hay que destacar que hay casos en los que un docente con siete (7) o más años de servicio, mensualmente recibe 5 mil 516 bolívares, muy por debajo del salario mínimo.

La realidad es que resulta alarmante la dificultad de los educadores venezolanos para sostener un hogar en medio de una escalada inflacionaria que se devora los salarios, incluso el aumento del 50%. Peor aún es incluso para aquellos docentes que padecen la precarización en los institutos de educación privada, o como suplentes del Ministerio de la Educación. Hay que ser claros: la educación de millones de niños y jóvenes del país no puede andar sobre la precariedad laboral y salarial de sus maestros.

Los docentes reclaman una oportuna discusión de la convención colectiva

El paro de 24 horas de todo el sector magisterial estaba en el marco de la lucha por el convenio colectivo, que se hace más urgente por la profundización de la crisis económica. Con el adelanto anunciado por Maduro para la discusión de la VIII Convención Colectiva de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (2015-2017), el gobierno nacional persigue disminuir el impacto del paro docente e imponer una serie de cláusulas ajustadas a la conveniencia del Ministerio de Educación.

Pero los anuncios del presidente Maduro del aumento salarial no responden a la grave situación del deterioro salarial, y de las condiciones laborales y sociales de los docentes, y solamente lo hizo tras el contundente pronunciamiento de calle de los maestros una semana antes de emitido dicho aumento. Poniéndose así de manifiesto que para defender los ingresos es preciso que los trabajadores de la educación en todas las escalas se mantengan cada vez más unificados y organizados en torno a la lucha por sus reclamos más sentidos, siempre que ello incluya un salario igual a la canasta familiar y un ajuste salarial a cada aumento de la inflación, indexado cada tres (3) meses.

En medio de la profunda crisis económica cuyo mayor peso recae siempre sobre los bolsillos de millones de asalariados, el ingreso justo para los encargados de impartir la enseñanza de millones de niños y jóvenes es una imperiosa necesidad, aunque para los altos mandos que ostentan grandes beneficios parezca por encima de la “posibilidad”.

(*) El autor es docente del estado Falcón