Luego de un fuerte aumento del 45% al salario integral a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, el gobierno de Maduro sintió la presión por el incremento en los demás sectores. En poco tiempo, salió con el anuncio del aumento en el salario mínimo de un 15% a partir del 1ro de diciembre, con lo cual la remuneración básica mensual pasará a 4.889,11 bolívares. A esto le sumó un aumento de la base de cálculo del ticket de alimentación de 0,5 a 0,75 Unidades Tributarias (U.T.)**. Estos anuncios los hizo en la instalación de la comisión negociadora que revisará el Contrato Marco de la Administración Pública, vencido hace 10 años y que, según sostienen, esperan tener listo en 30 días.

Números que no cuadran

El Gobierno muy cómodamente lanza números al aire como si estos tuvieran un asidero real. Así, hizo alarde que este aumento implicó, uniendo los dos anteriores que se le han hecho al mínimo en lo que va del año, junto al ajuste al ticket alimentación, un incremento del 68,28%. Se han inventado ahora la categoría de “salario mínimo integral” como si el bono alimentación fuese parte del salario de los trabajadores, lo cual es completamente falso ya que solamente cuenta como bono y no forma parte de los cómputos de la nómina de los trabajadores que de allí se derivan.

En enero de este año se aprobó un aumento salarial de 10%, que llevó el ingreso mínimo a 3.270 bolívares, el 30 de abril, se anunció un incremento de 30% a partir del 1º de mayo, que ubicó el ingreso del trabajador en 4.251,78 bolívares, con el nuevo 15% a partir de diciembre llega a 4.889,11 bolívares. A simples cálculos esto equivaldría a un 55% y lo que sería en términos nominales. El resto 13,28% el gobierno lo saca del incremento en la ayuda alimentación como bonificación, para ufanarse de que estaría por encima de la inflación en curso, que el gobierno llama de “inducida” y no producto de los desequilibrios económicos. Para alguien que lee fuera de Venezuela estos aumentos los considerará sustanciales si se los ve en números simples, pero comparados con el nivel galopante de la inflación que hasta agosto (según cifras oficiales) se ubicaba en 39%, para finales de diciembre ese aumento ya será absorbido.

Si se incluye la ayuda del bono alimentación, su impacto sigue sin tener sentido cuando por ejemplo, el kilo de arroz común acaba de tener un aumento del 163% oficialmente autorizado por el gobierno. El promedio de inflación en el rubro de alimentos es del 90%, lo mismo para la liberación de precios en muchos productos de la canasta básica o de uso elemental de la población que alcanzan, en muchos casos más del 150%. Todo esto mientras autoriza a los importantes productores como al sector del maíz el aumento del 218% que tendrá impacto inmediato en el precio del producto de consumo.

Como vemos, se trata de un aumento completamente insuficiente para los enormes niveles de inflación real que se come los ingresos obreros y populares. El gobierno dice poner el piso del salario mínimo según la inflación, sin embargo, en lo que va del año vemos que esto no es así y el poder de compra del trabajador continúa siendo el mismo, o sea que en términos reales no hay aumento, pues ya lo absorbió la alta inflación.

El salario mínimo no cubre la cesta básica calculada para una familia base que según el propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el mes de mayo se determinaba en 8.897,12 (esto surge de multiplicar por dos los 4.448,56 de la canasta alimentaria). En estos 7 meses que van desde mayo la inflación ha tenido un ritmo galopante y no es casualidad que la publicación de estos datos por parte del INE lleve tanto tiempo rezagada; se develaría la brutal caída en términos reales del salario mínimo.

El gobierno realiza estos anuncios intentando mostrar que toda la fuerza laboral del país será beneficiada con tal medida, pero son millones de trabajadores en trabajos precarios, informales y sin contrato a los que este aumento no les llegara. Si le tomamos la palabra al burócrata sindical Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), este afirma que “el ajuste del salario mínimo beneficiará a casi 40% de los trabajadores del país”. Esto no quiere decir que el resto de los trabajadores del conjunto de la fuerza laboral esté por encima de tal piso mínimo, la realidad es bastante distinta. Sin contar que por fuera de estas cifras, hay 5.301.472 personas del sector informal que si les sacamos a los 75.771 que figuran como “patronos y empleadores”, nos da la inmensa proporción de trabajadores a los que no les llegará ningún aumento formal menos aún el bono alimentación, además de no contar con ningún beneficio contractual ni previsión social.

Si bien se anunció “este ajuste representa el ingreso total más alto de América Latina y el Caribe”, Venezuela es el país de mayor inflación del continente. Los precios reales en el país no se miden por el cambio oficial, sino por el valor del cambio del dólar paralelo, incluso si se quiere poner al nivel del SICAD I y II, muy arriba del oficial. De esta manera, el poder de compra del salario mínimo real en nuestro país está muy por debajo de una gran cantidad de países de América Latina, donde tenemos una alta inflación que encarece los productos. No por casualidad las ciudades de Venezuela se ubican entre las más caras del continente cuando de adquirir alimentos e insumos se trata.

Luchar por un salario mínimo igual al nivel de la cesta básica

En el país se especula con los precios, y el gobierno cede a la presión patronal para aumentarlos. En tiempos de alza fuerte y constante del costo de la vida, la exigencia de un salario igual al costo de la canasta básica familiar y la escala móvil de salarios, para que sean ajustados periódicamente de acuerdo al aumento de la inflación, son demandas básicas para que la clase trabajadora defienda sus ingresos y no ver caer constantemente el nivel de vida. En el país se especula con los precios, y el gobierno cede a la presión patronal para aumentarlos, por eso contra la especulación y el aumento de precios es muy importante que los propios trabajadores y consumidores impongan un verdadero control de precios, estableciendo al mismo tiempo comités de abastecimiento obrero-populares.

Mientras ejercen una pelea por estos derechos elementales, el pueblo trabajador no debe creerle ni un ápice a la demagogia de la derecha del país, que busca pescar en río revuelto para aprovechar la crisis del chavismo, y forjarse de esta manera una salida propia, donde sean los propios trabajadores que decidan sus destinos.

Nota

**Una Unidad Tributaria (U.T.) es una unidad de valor que fija la Administración Tributaria del país, fue creada a los efectos tributarios como una medida que permite equiparar y actualizar a la realidad inflacionaria, los montos de los valores imponibles fijados por la ley.