Desde el pasado viernes, Nicolás Maduro decretó el estado de excepción en varios municipios del estado Táchira que tienen frontera con Colombia, y este miércoles concluía una reunión de negociaciones en Cartagena entre las cancilleres de Colombia y Venezuela, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, respectivamente frente a la tensión generada en la frontera.

De acuerdo al decreto presidencial se suspendieron en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta, las garantías constitucionales previstas en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución nacional, por un período de 60 días, que pueden ser prorrogados por otros 60 días.

Primero fue el anuncio, casi a la media noche del 19 de agosto, del cierre parcial de la frontera entre Venezuela y Colombia hasta el 22 de agosto, en la región de San Antonio del Táchira y Ureña, debido, de acuerdo al gobierno, a que habrían sido atacados tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras supuestamente realizaban inspecciones anticontrabando.

Luego fue escalando las medidas, y para el viernes por la noche Nicolás Maduro, anunciaba que: "He decidido activar un Estado de Excepción Constitucional en los municipios fronterizos del estado Táchira”. Con respecto al cierre de la frontera, que se había anunciado inicialmente por 72 horas, Maduro anunciaba: "Esa frontera queda cerrada hasta nuevo aviso". Algunos sectores discuten que se trataría de una cortina de humo por parte del Gobierno para buscar focos de tensión que distraigan a la población por la agobiante crisis económica, debido a que no se ameritaría un estado de excepción por la situación planteada.
Es que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, éstos "solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos". Maduro manifestó que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son "para restablecer el orden, la paz y tranquilidad en la frontera colombo-venezolana", aclarando que "por primera vez se decreta el estado de excepción desde la Constitución aprobada por el pueblo en 1999”.

Se violentan derechos y garantías elementales

Pero la realidad es que en los municipios en que se ha decretado el estado de excepción, de acuerdo a la suspensión de las garantías constitucionales, se puede allanar sin orden judicial cualquier recinto doméstico o privado; se puede violar el secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas; queda suspendido el derecho a transitar libremente y por cualquier medio por el territorio afectado o salir de los mismos; queda suspendido el derecho a cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, para los habitantes de los seis municipios afectados; se puede violar el derecho de venezolanos y venezolanas para ingresar al país sin necesidad de autorización alguna para los residentes de tales municipios; se suspende el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo; se suspende o se limita el derecho a manifestar pacíficamente; se puede limitar el derecho a la actividad económica de la preferencia de las personas de dichos municipios que implica la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, entre otros.

En la búsqueda de supuestos narcontraficantes o contrabandistas, el gobierno somete al conjunto de la población de los municipios afectados a situaciones de alta tensión, amedrentamiento, sometimiento, a situaciones de razzias militares y policiales, al agobio y a la incertidumbre al violársele derechos mínimos elementales. El argumento de perseguir a narcontraficantes no es argumento alguno para suspender derechos elementales del pueblo. Incluso se ha pasado a la deportación prácticamente de más de un millar de pobladores colombianos de la región y de otras partes del país que no están vinculados a cuestiones de narcotráfico o contrabando, bajo el argumento de que están indocumentados. Son más de cinco millones de personas de origen colombiano que viven en el país, la amplia mayoría desde hace décadas, por lo tanto, situaciones como las que incentiva el gobierno de Maduro en la parte de la frontera, no puede sino más que fomentar la xenofobia en el conjunto del país.

El gobierno transforma en legal cuestiones ilegales, solo porque una constitución que defiende la propiedad privada burguesa, por tanto reaccionaria en su conjunto, se reserva normativas para hacer letra muerta derechos y garantías constitucionales que dice consagrar, de manera discrecional a la simple voluntad del gobierno de turno. Es importante precisar que Maduro ya cuenta con poderes especiales otorgados mediante la Ley Habilitante, lo que le permite legislar mediante Decreto, por lo tanto, adquiere más poderes extraordinarios, pues ahora suspende garantías constitucionales, a través del régimen de estado de excepción, para las zonas afectadas.

La hipocresía y el cinismo de la derecha

La derecha venezolana, representante de una burguesía que gobernó el país durante décadas aprovechándose de la inmigración de una población colombiana que huía de las situaciones de guerra, por expulsión de sus tierras, por la ausencia de trabajo en su país, sometiéndolas a los trabajos precarios, a miserables salarios, en fin como mano de obra barata, que los deportaban cuando bien les venía en gana, ahora quiere posar de defensora de esa población por la situaciones de deportación en los municipios de la frontera. ¡Cuánta hipocresía!

Pero el cinismo es mayor aún, pues la derecha quiere posar de democrática al decir que se opone al estado de excepción dado que no se justifica, y no han faltado incluso los que dicen que se violan derechos constitucionales, cuando en verdad, en todo el período de la llamada IV República, incluso desde antes fue “normal” gobernar con la suspensión de las garantías constitucionales, cada cierto tiempo, incluyendo largos períodos que abarcaron años. Por ejemplo, en la misma Gaceta Oficial en la cual se publicó la Constitución de 1961, que inauguró el “período democrático”, se publicó el Decreto que declaró el estado de excepción para restringir diversas garantías, situación que se mantuvo varias décadas. Incluso se fueron imponiendo otras, como las que se decretaron durante el segundo gobierno del Presidente Caldera, con ocasión a la crisis financiera, que se volvieron a restringir los derechos fundamentales, situación que luego se mantuvo en la frontera hasta 1999.

El coro de la hipocresía y el cinismo atravesó a todas las alas de la derecha, desde María Corina Machado y su movimiento Vente Venezuela, Fredy Guevara de Voluntad Popular el partido de Leopoldo López, hasta Henrique Capriles Radonski y Julio Borges de Primero Justicia, pasando por los representantes de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Copei, entre otras organizaciones de la derecha, y englobados por el secretario ejecutivo de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba. ¿Quién podrá creerle a esta derecha a la que durante el golpe de Estado del 2002 le bastaron las 48 horas que duró para anular no solo derechos elementales, sino toda la constitución en su conjunto, disolver la Asamblea Nacional y otros poderes estatales, y perseguir a sectores del chavismo destituidos de sus cargos en esos momentos?

¿Qué acuerdos se tejen con Colombia?

El miércoles por la noche, al cierre de este artículo, concluía una reunión entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez en Cartagena de Indias, en la que, tras una declaración conjunta, de acuerdo a Rodríguez se habría “dado el primer paso que nos permita construir una nueva frontera”, y por su parte Holguín declaraba que “el cierre de la frontera no es el camino para combatir este flagelo (…) pero trabajaremos conjuntamente con Venezuela para lograr una frontera en paz y una frontera digna entre ambos países”. Pero no se dieron más detalles en dicha declaración conjunta de otras cosas que se habría negociado.

No sabemos al momento que hay en la trastienda de las negociaciones, que por lo visto tienen a Estados Unidos en los entretelones. Pero no cabe duda que de lo que se acuerde, nada bueno podrá salir ni para los sectores populares y de trabajadores más afectados tanto de un lado u otro de la frontera colombo-venezolana. Los distintos gobiernos que ha tenido Colombia y su burguesía, con sus grandes políticas de exclusión social, de expulsados por la guerra en carácter de refugiados, de campesinos pobres expulsados de sus tierras que han tenido que huir del país son responsables de condenarlos a abandonar sus hogares.

Pero el gobierno de Venezuela, si se muestra incapaz de hacerle frente a problemas de descomposición social que el mismo capitalismo genera, como el narcotráfico y al contrabando, no tiene por qué ser el pueblo, tanto originario de Colombia como los nativos de Venezuela, los que terminen pagando las consecuencias eliminándosele derechos y garantías. Es elemental rechazar cualquier tipo de estado de excepción, que siempre termina afectando a los sectores obreros y populares así como a las organizaciones políticas que defienden los derechos del pueblo trabajador, que hoy con el pretexto de combatir al narcotráfico se aplican, pero luego se irá generalizando como métodos aplicándose en cualquier parte del país o en todo el territorio nacional frente a cualquier situación generalizada de protestas obreras y populares, más aún tomando en cuenta la grave crisis económica existente en el país.