Un saldo trágico ocurrió el jueves 9/6 por la mañana antes del inicio de una asamblea de trabajadores en la Ferrominera Orinoco, justo cuando los trabajadores se aprestaban a elegir la comisión electoral para la renovación de las autoridades de Sintraferrominera. Un trabajador muerto y dos gravemente heridos ha sido el triste desenlace por la actuación de una patota armada liderada por el sector del sindicato aupado por el gobernador del estado, el gobierno nacional, y a la propia gerencia de la empresa, como es de conocimiento público. La criminal política de este sector de la burocracia, que se arrogan ilegítimamente la representación del sindicato, ha llevado al grado extremo de la utilización de armas de fuego con este saldo trágico, para querer mantenerse en el control de la organización sindical.

Esta nueva situación abierta en Guayana, donde se utilizan bandas armadas para hacerse del control de los sindicatos e incluso para reventar luchas obreras, ya había tenido su campanada en Bauxilum, cuando resultó herido con un impacto de bala y severamente golpeado en la cabeza el secretario general del sindicato de la empresa, José Luis Morocoima. De la misma manera que ocurría, tres días después de este hecho, en el portón de Bauxilum, cuando un grupo de trabajadores fueron golpeados por una patota sindical armada. Situación similar se presentó en Carbonorca durante la huelga cuando se utilizaron fuerzas de choque para intentar reventar el conflicto, y hasta hace pocos días, miembros de los consejos comunales dirigidos por el presidente de Alcasa, Elio Sayago, se presentaron frente al portón, donde bajo el argumento de “la defensa de la empresa socialista”, irrumpieron amenazando a los obreros generando una trifulca donde terminaron siendo lesionados varios trabajadores, incluso el propio Sayago.

Pero hay que ser claros, estos hechos se están desarrollando en un marco donde el gobierno viene implementando una política de criminalización de la protesta obrera y popular, tal como lo hemos venido denunciando. Marchas que son reprimidas, trabajadores con demandas judiciales y obreros presos por luchar cubren un cuadro en el que se viene queriendo escarmentar y disciplinar a los trabajadores que pelean por sus demandas. Pero también la impunidad reinante frente a los asesinatos de obreros y de campesinos pobres, la mayoría por sicariato patronal, cuando no directamente por la represión estatal, ha venido alentando estos crímenes contra los sectores explotados. De la misma manera, producto de la impunidad frente a la libre actuación de bandas armadas en los sindicatos comandos por sectores de la burocracia la mayoría amparados por el gobierno y el PSUV, como ya es claro y notorio en Guayana, se viene aumentando este accionar de las patotas sindicales. Se ha llegado el caso incluso que, desde el PSUV y el gobierno, se ha venido utilizando a integrantes de los “Consejos Comunales” para enfrentar luchas de los trabajadores y del movimiento popular: lo vimos en marzo del 2009, cuando el paro de maestros, donde miembros de estos “Consejos” actuaron como rompehuelgas por orientación del Ministerio de Educación al hacer listas de los trabajadores que acataron el paro para intimidarlos así como obligando a las maestras y maestros a dar clases; lo mismo en mayo del año en curso en Guayana, integrantes de un Consejo Comunal actuaron contra una lucha obrera junto a un Concejal del gobierno que intentaron desbloquear el portón de Venalum, cerrado por los trabajadores como medida de lucha que exigían el cumplimiento de derechos laborales. Desgraciadamente, la lógica de la utilización de los integrantes de los Consejos Comunales los convierte en estos casos señalados en auxiliares del Estado.

La situación en Ferrominera, no es ajena a toda esta situación, ni el desenlace trágico constituye un hecho aislado. Allí reina una gerencia que hizo todo lo que estuvo a su alcance para meter preso al principal dirigente de los trabajadores que estuvo al frente de una huelga, Rubén González, y de hecho lo logró porque estuvo preso durante año y medio, incluso condenado a 7 años y medio de cárcel por la huelga, y solo salió por la fuerte presión obrera que se comenzaba a mostrar. Esta gerencia falsamente llamada "revolucionaria" y "socialista", contó para sus planes antiobreros con la complicidad adyecta de
este sector del sindicato totalmente arrastrado ante el gobierno, pues le permitió hacerse del control del conjunto del sindicato. Y es que, desde que saliera de la cárcel Rubén González, el secretario general, detenido solo por estar al frente de una huelga, la burocracia venía arremetiendo con métodos gansteriles, pues lo que está en juego es un proceso electoral donde podrían ser relegados estos dirigentes amparados desde el gobierno que se hicieron del control del sindicato gracias a la prisión del Secretario General. Se abría la posibilidad que Rubén González pueda ganar las elecciones y así desde la gerencia de la empresa y el gobierno tendrían nuevamente frente al sindicato un sector no obediente a sus mandatos. No es casualidad que el presidente de la empresa Ferrominera, luego del desenlace trágico, de inmediato optó por proscribir la libertad de organización y acción de los trabajadores en la empresa, y sobre todo de los que se oponen, al anunciar la "suspensión de toda actividad sindical", incluyendo el intento de impedir la circulación por las instalaciones de Rubén González, el secretario general actual, hecho que solo beneficia al gobierno, a la gerencia misma, a la burocracia y, en fin, a la impunidad y el control oficial. La burocracia sindical afín al gobierno no padece por la suspensión de la actividad sindical, porque le basta con que se pueda seguir ejecutando la política del gobierno y la gerencia, que al fin y al cabo es la misma suya. Es que apunta a la responsabilidad de los sectores de esta burocracia aliada al gobierno y directamente al gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, que le sirve de brazo ejecutor de la política patronal gubernamental.

Es que esta burocracia sindical, acostumbrada a sus contubernios con el Estado y el gobierno o con sectores empresariales, hace y deshace en las fábricas y empresas básicas, con sus grupos de choque armados. Es una burocracia sindical archienemiga acérrima de la democracia obrera, y verdaderos responsables de la división entre las mismas filas de los trabajadores. Son los que han preparado el terreno para llegar al grado extremo de lo que se está viviendo actualmente en toda la región de las empresas básicas, obviamente respondiendo a intereses que vienen del Estado y el gobierno. Por eso denunciamos categóricamente a toda esta burocracia y sus bandas armadas, y llamamos a luchar por hacerlos barrer de los organismos de clase de los trabajadores, avanzando en la lucha por la total independencia de los sindicatos con respecto a los patronos, el Estado, el gobierno y aquellos partidos políticos que pregonan la conciliación con las clases enemigas de los trabajadores, es decir, una pelea implacable por la independencia política de la clase obrera.

Frente a los hechos acontecidos en Ferrominera Orinoco, llamamos a una completa investigación hasta el final, pero desde ya alertamos que no podemos dejarla en manos de la Guardia Nacional ni del CICPC, ni en manos del gobierno, sea nacional o estadal, que ya están actuando para encubrir de una manera u otra a los verdaderos responsables, tal como se acaba de demostrar de una manera escandalosa. El único detenido, y más que sabido que es el responsable de los disparos, el secretario de finanzas de Sintraferrominera, Héctor Maicán, integrante de la burocracia ligada al gobernador del estado y del PSUV, fue dejado en libertad, ya que el juez en tiempo récord, en menos de tres días, desestimó la acusación de la fiscalía por homicidio y solo precalificó los delitos de porte ilícito de armas y lesiones leves, cuando ninguno de los declarantes -ni siquiera los de su propio sector- hasta ahora han testimoniado que en lugar de los hechos hubiesen visto otra arma y otros disparos que no fueron los hechos por este señor. Mientras tanto, uno de los que quedara herido de bala, que junto con Rubén González fuera imputado por hacer huelga hace dos años, lo mantienen esposado en el hospital esperando que se recupere para llevárselo a la cárcel arguyendo que tiene delitos pendientes por "agavillamiento", es decir, los "delitos" imputados por la lucha y la huelga por la cual metieron a González en la cárcel. Al mismo tiempo que desde la burocracia sindical y desde el gobernador del estado, ya se levantan las voces pidiendo que metan a Rubén González nuevamente a la cárcel. Fin de mundo.

Por eso llamamos a la conformación en carácter de urgencia de una comisión obrera independiente, y por integrantes de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, que pueda tener plenas facultades para investigar hasta el final. Esta comisión obrera de investigación debe estar compuesta por los mejores y honestos luchadores electos entre los trabajadores, sin ligazón a ningún sector de la burocracia, que pueda contar con plenos poderes y acceso a todas las fuentes para esclarecer los hechos, en la perspectiva de luchas porque las propias bases obreras mediante los métodos de la democracia obrera expulsen a estos matones de los sindicatos y barran a la propia burocracia en su conjunto.

¡Por el esclarecimiento hasta el final de los crímenes de la burocracia sindical!

¡Fuera manos del Estado y el gobierno, y de los partidos patronales en los sindicatos!