Han pasado seis meses desde que el presidente Chávez anunció el Plan Guayana 2009, incluyendo un conjunto de inversiones para el “relanzamiento” de las empresas básicas “bajo control obrero”. Hoy queremos referirnos a la crisis eléctrica, al llamado Plan de Racionamiento Energético y sus implicaciones sobre las industrias siderúrgicas y sus trabajadores.

El origen y las razones de la crisis energética

Venezuela consume un poco más de 15.000 Megavatios (MW) de energía, de los cuales más del 70% es energía hidroeléctrica, producidas en los sistemas de represamiento y generación del alto Caroní. Aquí salta a la vista un problema básico: somos un país altamente dependiente de una sola fuente de energía (la hidroeléctrica), con poco desarrollo y uso de fuentes como la termoeléctrica y otras. Incluso a nivel hidroeléctrico somos dependientes específicamente del Guri, sin nuevos desarrollos de sistemas de represamiento y generación.

Este es el primer gran problema estructural de la situación eléctrica nacional. Luego tenemos la terrible falta de inversiones para mantenimientos y nuevos desarrollos, tanto en la IV como en la V República. Los problemas de mantenimiento datan de hace unos 15-20 años, es decir que comprometen a los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez.

Actualmente, de las 20 unidades generadoras del Guri, 8 están fuera de servicio y 4 están en mantenimiento, ¡o sea sólo están operativas el 60%! (El Correo del Caroní, 07-01-10). Pero adicional a esto, las pocas plantas termoeléctricas que existen (Tacoa, Plantacentro, etc), están operando a menos de un 60% de su capacidad instalada, y para rematar los sistemas de distribución están muy deteriorados por falta de mantenimiento.

Es verdad que hemos tenido un período de lluvias (“invierno”) muy malo el año 2009, lo cual ha impactado en los caudales de los ríos y en sus embalses, pero es un hecho que ésta es una “crisis anunciada”, pues las fallas y deficiencias estructurales que indicamos arriba son responsabilidad de planificación e inversión de los últimos 20 años de gobierno.

El “ahorro” energético y la crisis económica

Para afrontar esta crisis el gobierno anunció el Plan de Racionamiento Energético, aparecido en Gaceta Oficial el 21-12-09, que indica racionamientos en comercios y restricción de uso de ciertas luminarias en publicidad. Pero el plan del gobierno va mucho más allá, pues se estima ahorrar 980 MW de los siguientes servicios e industrias:

Servicios en industrias sujetos a ahorro / Energía a ahorrar

Reducción de demanda en centros comerciales / 20 MW

Reducción de demanda en oficinas públicas / 50 MW

Reducción de ventas de energía a Brasil / 60 MW

Incremento de generación termoeléctrica / 100 MW

Instalación de 35 millones más de bombillos fríos / 200 MW

Reducción de demanda en SIDOR, ALCASA y VENALUM / 560 MW

Al revisar los servicios afectados, así como los intereses económicos en juego, se aprecia claramente que el gobierno nacional está descargando la crisis energética sobre la espalda de las empresas del estado y sus trabajadores. Sólo impacta a los comercios privados con 20 MW, mientras a las industrias básicas se pretende recortar 560 MW, o sea, casi el 60% del racionamiento nacional. Sin embargo, este cuadro no contabiliza el “ahorro” que se está realizando al cortar la energía eléctrica a nivel doméstico, en las ciudades y barriadas de todo el país, lo cual afecta más a quienes menos tienen, pues no poseen otras alternativas energéticas (como las plantas alternas que tienen en casi todos los comercios y en casa de los ricachones) y los afecta más en sus servicios básicos, como alimentación, acceso a agua potable, salud, seguridad, etc.

Es decir que el plan de racionamiento del gobierno, tiene un claro tinte de clase, pues afecta especialmente a los trabajadores y a la población pobre, sacrifica los activos de la nación (como las empresas básicas), a fin de afectar lo menos posible las inversiones, las propiedades y la comodidad de los empresarios privados. No hay que explicar mucho más para evidenciar que éste gobierno, igual a los anteriores de la IV República, promueve y defiende los intereses de la burguesía, del empresariado.

¿Quién paga la crisis energética y económica?

La forma como se reduciría la demanda de 560 MW de las empresas básicas, es la siguiente:

*Paralización de las líneas 1 y 2 de ALCASA.
*Paralización de 2 hornos en las acerías de SIDOR.
*Paralización de 360 celdas en VENALUM.

Como decíamos arriba, el gobierno pretende sacrificar activos estratégicos de la nación para salvar las inversiones y activos de la burguesía privada. Ese sacrificio de activos va a significar obviamente penurias para los trabajadores. Los despidos de trabajadores tercerizados van a ocurrir en cascada y nada nos garantiza que no los habrá también entre el personal nómina. Pero además, si ya venía siendo un problema que nos pagaran los intereses de prestaciones y otras reivindicaciones, ¿no se va a profundizar este ataque a nuestros derechos con el argumento de la crisis, de que “se está produciendo menos”, etc.? Quien no vea esto es porque no quiere verlo y miente deliberadamente. ¡Es un hecho que tratarán de hacernos pagar la crisis energética a los trabajadores, igual que lo han hecho con la crisis económica!

Hay un elemento clave a despejar para entender la medida económica y su orientación política: ¿A quién afecta la medida? ¿Quién hace los sacrificios? ¿Qué clase social? ¿Los trabajadores o los empresarios capitalistas?

Cuando se decide paralizar parcialmente las siderúrgicas para ahorrar energía en beneficio de los empresarios privados, además del efecto directo sobre los trabajadores, se está afectando brutalmente la producción industrial nacionalizada, en provecho del comercio, del capital especulativo (bancos, seguros, etc.) y de las manufacturas de interés privado.

Siendo este el cuadro, la conclusión lógica es que con el Plan de Racionamiento Energético se está botando por la borda el avance de la nacionalización de SIDOR, sacrificándolo en provecho del capital privado. Así pues, la crisis energética se ha convertido en una “oportunidad” para que la burguesía nacional, a través del gobierno, intenten profundizar las penurias de los trabajadores, haciéndonos pagar aún más la crisis económica en curso.

La burguesía y sus propuestas chavista y escuálida

Esa es la propuesta de la burguesía nacionalista que nos gobierna. Salvar los intereses de los capitalistas, sacrificando a los trabajadores y los activos de la nación.

Por su parte la oposición escuálida derechista vocifera en contra de las medidas, pero su diferencia es de forma, o mejor, de la “velocidad” de la medida. Ellos saben que las medidas del gobierno les favorecen, pero quieren más y más rápido, por ello desdeñan de la nacionalización de SIDOR y de las empresas eléctricas, planteando la reprivatización pues “se desbordó la capacidad gerencial del Estado venezolano”.

Ambas propuestas son burguesas, es decir, benefician al empresariado y se basan en la continuidad de la explotación de la clase obrera. Sin embargo el gobierno, además de querer construir un estado burgués fuerte, sabe que un resbalón le puede significar un alto costo político de cara a las elecciones de este año y del 2012.

Una propuesta de la clase obrera siderúrgica para el país

Es indispensable una propuesta de los trabajadores que ponga las empresas básicas al servicio del desarrollo nacional, pero con una visión de clase, es decir, para los trabajadores, garantizando primero que nada empleo estable y de buena calidad, así como siendo la palanca para un plan nacional de construcciones públicas (viviendas, hospitales, escuelas, ferrocarriles). Estos son objetivos que la burguesía nacional, chavista o escuálida, no puede cumplir.

Las empresas básicas de Guayana pueden ser grandes centros de superexplotación de trabajadores, produciendo con orientación al mercado mundial, o bien centros de trabajo para elevar la calidad de vida de los trabajadores, cuya producción planificada se oriente a los grandes planes de infraestructura social del país. Eso depende de quien tenga el control de las empresas: los empresarios trasnacionales, la burocracia “bolivariana” o los trabajadores organizados de forma independiente.

Hoy Guayana es el epicentro de la crisis energética, pues aquí está más del 70% de la generación eléctrica del país y porque es a las empresas básicas y a sus trabajadores a quienes se quiere imponer el costo de la crisis. De manera que los trabajadores de SIDOR y de Guayana tenemos razones para hacer una propuesta a todos los trabajadores del país. La TCR presenta a los trabajadores las siguientes propuestas para debatirlas, como un programa de lucha para rescatar las empresas básicas, recuperar el Sistema Eléctrico Nacional y colocarlos como palancas a favor de las grandes necesidades de la mayoría de los venezolanos:

*Para enfrentar la actual emergencia eléctrica exigimos que se revierta la medida contra las empresas básicas y que se peche el consumo eléctrico del empresariado privado, especialmente las áreas productivas menos sensibles y no vinculadas a servicios públicos ni sectores estratégicos. Estos impuestos que se destinen para el Sistema Eléctrico Nacional.

*Plan inmediato de rescate del Sistema Eléctrico Nacional con la participación de los trabajadores eléctricos, siderúrgicos, petroleros y del gas, así como de otras áreas económicas especialmente sensibles. Este plan debe incluir el financiamiento del mantenimiento inmediato y nuevos desarrollos, bajo control presupuestario de los trabajadores. Debe contemplar también los estudios para nuevos desarrollos en generación termoeléctrica y de otras fuentes, así como de diversificación de las fuentes hidroeléctricas.

*¡Los propios trabajadores eléctricos pueden tomar responsablemente en sus manos el control obrero de la industria! La burocracia del gobierno, llena de ineficiencia, amiguismo, corrupción, convicciones profundamente antiobreras y una gran indolencia por los padecimientos de los sectores más pobres de la población, ha demostrado que no puede dejarse en sus manos el destino de esta cuestión vital. ¡Mucho mejor y seguros estaremos si los propios trabajadores eléctricos, en alianza con los demás trabajadores de la energía avanzan en establecer un control obrero sobre la industria, con planes discutidos y acordados con las comunidades más empobrecidas del país.

*El financiamiento de los urgentes mantenimientos y nuevas inversiones del Sistema Eléctrico Nacional no es posible bajo la política actual de manejo del presupuesto nacional. Hoy es más necesario que nunca dejar de pagar la deuda externa, la cual es un pesado yunque que impide las grandes inversiones de desarrollo. ¡No al pago de la deuda externa y destinación de estos recursos para el rescate del Sistema Eléctrico Nacional, Salud y Educación!

*Pero mantener a las empresas siderúrgicas funcionando como están no tendría sentido. Es necesario levantar la lucha por el verdadero control obrero de las empresas. ¡Elección democrática en asamblea de superintendentes, gerentes y directores! ¡Pública y democrática discusión de los planes de producción, inversión y mantenimiento! ¡Apertura de los libros contables de las empresas! ¡Salida inmediata de la Guardia Nacional y la Reserva de las instalaciones de las empresas y cese a la persecución de trabajadores luchadores! ¡Acabar con la superexplotación que significa la tercerización! ¡Darle un parao’ a las amenazas a la salud y la vida de los trabajadores por accidentes laborales, tomando en nuestros manos la seguridad industrial!