Nuevamente está en discusión el asunto del ingreso a las universidades. Luego de 9 años de gobierno, en los que, se combinó un paralelismo educativo con intentos de forzar acuerdos con las autoridades universitarias tendientes a «democratizar» del cupo -según el momento político de que se tratase-, parece que el gobierno ha decido dar un paso al frente mínimamente serio en el asunto: la unificación de un sistema nacional de admisión, que se propone eliminar los mecanismos particulares aplicados por cada institución de educación superior. Es que, como lo hemos escrito antes en estas páginas, el mismo gobierno reconoce el límite de sus iniciativas (Misión Sucre, UBV, UNEFA, UNERS, etc.), dando cuenta en la actualidad de aproximadamente medio millón de bachilleres sin cupo, así como de que, según el mismo Chávez, para mediados del año pasado la mayoría de los egresados de la Misión Ribas aún no habían conseguido proseguir los estudios universitarios.

La respuesta de las autoridades universitarias ha sido clara, claramente reaccionaria y hasta desafiante. Después de un período en el que a ratos parecía haber entendimientos entre el gobierno y estas en esa materia, aunque no sin fricciones, obviamente, han interpretado esta decisión del gobierno como una patada a la mesa y, no moviéndose un milímetro de su posición de siempre, han fijado su desacuerdo con la opción gubernamental y ratificado las realización de las pruebas internas de admisión. En el caso concreto de la UCV, en una actitud vergonzosa y completamente antipopular, aunque esperable, dada la orientación de estos grupos de «luchadores por la libertad y la democracia», la presidencia de la Federación de Centros (FCU) ha declarado su respaldo a esta decisión.1

Para oponerse a una importante ampliación de cupos, y una composición social más cercana a la realidad nacional, que es lo planteado por el gobierno, combinan toda serie de argumentos, desde financieros y de viabilidad -falta de presupuesto y capacidad instalada-, pasando por los académicos -la universidad no sólo es docencia-, hasta llegar a los propiamente políticos -es una propuesta populista. En una supuesta «complejización» del asunto, cuyo fin no es más que oponerse a cualquier cambio trascendental, las autoridades de la UCV se preguntan: «¿Pueden y deben todos los aspirantes ingresar a las universidades? ¿A caso (sic) el desarrollo de una sociedad depende exclusivamente de los profesionales universitarios?» (Hora Universitaria, Nº 208, Enero 2008).

El gobierno ha tomado esta medida con la intención de que «al menos 73% de los estudiantes que ingresen a las universidades oficiales provengan de liceos públicos»,2 buscando así «que se democratice el cupo y se termine con todo ese proceso de exclusión».3 Aún no está descartado del todo que el gobierno pueda llegar a un acuerdo con las autoridades, pero incluso en caso de que no se llegase a tal entendimiento, la cuestión es que aún sigue siendo limitada la política del gobierno, pues se trata de una ampliación y «democratización» gradual y paulatina del cupo, que podrá solo dar algunos pasos la frente, decantando incluso estudiantes «de primera» y de «segunda», en tanto parte de las opciones son los «estudios a distancia» y el otorgamiento de cupos en la Misión Sucre a quienes el promedio de notas no les permita ingresar a las universidades.

Como hemos venido insistiendo, la reivindicación fundamental en cuanto a este aspecto debe ser la del ingreso libre e irrestricto a las universidades de toda persona que haya alcanzado el nivel de bachiller y quiera seguir estudiando. Se trata de una cuestión democrática importante, que no puede ser resulta «gradualmente» ni mucho menos en negociación con quienes gobiernan las universidades. Por supuesto que se debe ampliar la infraestructura y los recursos a la ecuación superior para sostener tal sistema, y esos recursos existen, se trata de la gran cantidad de dinero que se paga por concepto de deuda externa a los bancos imperialistas, se trata de las enormes ganancias capitalistas: ¡dinero para la educación, no para la deuda!, y ¡fuertes impuestos a las ganancias capitalistas para financiar la educación!, deben ser consignas inscriptas al lado de la exigencia de «ingreso libre e irrestricto a las universidades!

Notas

1 “El gobierno nacional no tiene una propuesta alternativa a sus pretensiones de eliminar las pruebas internas. Así que la FCU apoya en primera instancia la medida de ratificar este sistema como principal mecanismo de ingreso a la universidad”, declaró Ricardo Sánchez, presidente de la FCU. Hora Universitaria, Nº 208, Enero 2008, p. 14.

2 Declaraciones de Bernardo Ancidey, director de Desempeño Estudiantil del Ministerio de Educación Superior..Últimas Noticias, 12-02-08, p. 8.

3 Idem.