Como hemos venido señalando en ediciones anteriores y en el boletín universitario Contracorriente, las autoridades de la UCV vienen avanzando en la lógica de establecer “alianzas estratégicas” entre la universidad y las corporaciones empresariales privadas, no sin cierta coincidencia con planteamientos o políticas del gobierno nacional. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el ingreso a las universidades, algunos anuncios del gobierno y otros guiños del rector, hacen pensar que pudiera estarse forzando algún acuerdo que solape, de momento, las disputas que en este terreno han tenido.

Ciencia y conocimientos... ¿al servicio de quién?

En función de qué intereses sociales se producen ideas o conocimientos en las universidades, es una pregunta central en el debate sobre qué tipo de universidad necesita “el país”. Sobre esto, aún cuando este gobierno tiene una fuerte retórica “revolucionaria” y “socialista”, su proyecto es en realidad una suerte de neodesarrollismo burgués nacional, apoyado en la renta petrolera, en alianza con sectores no monopolistas del empresariado nacional. Por eso, cuando se trata de los contenidos de la educación técnica y universitaria, más allá del discurso sobre el “profesional republicano”, el énfasis de las políticas concretas es puesto en el desarrollo de la “producción nacional”, lo que significa que junto a la “orientación social” y el “servicio estudiantil comunitario”, se impulsan también políticas para beneficiar la producción capitalista.

Esto es lo que ha hecho el Ministerio de la Producción y el Comercio Exterior, al auspiciar convenios para la ““transferencia de tecnología así como formación y capacitación de recursos humanos que permita la optimización de la producción de rubros estratégicos que impulsen la economía agrícola nacional” con el sector ganadero agrupado en CONFAGAN. La Ley del Servicio Comunitario del Estudiante Universitario, es aprovechada por empresas como la Jhonson & Jhonson para “hacer labor social”, disminuir pagos de impuestos, promocionarse en las comunidades y ahorrándose pagos de salarios, mediante estudiantes ucevistas. Hoy, la Ley de Ciencia y Tecnología exige a las empresas destinar un minúsculo porcentaje de sus ingresos para la investigación científica “nacional”. Pues bien, como “nacionales” son también las necesidades del empresariado venezolano, y las trasnacionales que operan en el país pueden argüir el “interés nacional” de sus incursiones -libremente permitidas por el gobierno nacional-, esta gente no tiene problemas en “cumplir la ley”, financiando en algunas carreras investigaciones que les son útiles a “la sociedad”, a la “producción nacional”... es decir, también a sus ganancias.

¿Reformas para ampliar lo cupos o ingreso libre e irrestricto?

En el punto donde sí se marca una distancia clara entre el gobierno y las autoridades de las universidades autónomas, es la cuestión del derecho democrático a la educación universitaria. El gobierno, mientras desarrolla paralelamente iniciativas como con la UBV, UNEFA, UNERS, Misión Sucre, etc., se limita a presionar para que las principales universidades nacionales “democraticen” el ingreso. El mismo Chávez ha reconocido que de los 318.000 egresados de la Misión Ribas sólo 25.000 ha conseguido continuar sus estudios en la Misión Sucre. Casi 500 mil personas acaban de inscribirse para presentar la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

Es un problema central este del ingreso. El gobierno ha anunciado la posibilidad de eliminar la PAA, pero aún cuando nada que se cumple tal promesa, sería completamente insuficiente, pues a través de esa prueba se asigna un porcentaje muy pequeño del total de cupos universitarios, sobre todo en las autónomas. El mismo rector París declaró estar de acuerdo con esta medida, pero nada dice sobre las Pruebas Internas y Cursos Propedéuticos, verdaderos filtros excluyentes. Alguien del gobierno ha planteado también que debieran eliminarse estas Pruebas Internas. Al parecer la encrucijada de quienes atienden este tema desde el gobierno es qué mecanismo más idóneo para la selección y promoción a la educación universitaria, más no han tenido, ni tienen, planteado la reivindicación democrática básica del ingreso libre e irrestricto de todo y toda bachiller a las universidades, que es de donde debe partir toda discusión sobre el tema. Incluso Antonio París ha ido a la Asamblea Nacional ha solicitar entre 650 y 700 millardos para la infraestructura de la universidad, y ha declarado recientemente que si se le aprueban mayores ingresos, la UCV podría aumentar en un 40% sus cupos.

Estando ya en marcha un acuerdo del Ministerio de Infraestructura y las autoridades para invertir en la infraestructura de la universidad, no teniendo el gobierno como política el ingreso libre e irrestricto, y estando este rector en actitudes tan “dialogantes” y planteando la posibilidad de aumentar en un 40% los cupo, no se excluye la posibilidad de que se cierre un poco la brecha y se encamine algún acuerdo.

Por una política revolucionaria independiente

De nuestra parte, seguimos insistiendo que la lucha por la “transformación universitaria” no debe ser otra que la lucha por una universidad al servicio de las luchas e intereses de la clase obrera y el conjunto del pueblo pobre, y en ese sentido, en estas dos cuestiones claves que tratamos brevemente en esta nota, es necesario tener una política independiente de la del gobierno nacional. El interés de la “producción nacional” capitalista no es el interés de las masas explotadas y pobres del país, la orientación de las investigaciones y transmisión de conocimientos deben estar en función de las luchas e intereses obreros, campesinos y populares. El ingreso a las universidades debe ser libre e irrestricto, para tal fin la ampliación de la capacidad instalada en las universidades debe hacerse con base a destinar parte sustancial del dinero que se paga en deuda externa, cesando el pago de esta ominosa “deuda”, así como implantando fuertes y progresivo impuestos a las ganancias capitalista.

Hasta ahora, tanto por su proyecto de país, como por su orientación hasta ahora, el gobierno es incapaz de cumplir ninguna de estas demandas fundamentales, para avanzar en una verdadera transformación revolucionaria de las universidades.

¡Basta de “alianzas estratégicas” con las empresas privadas!

¡Cese el pago de la deuda externa, fuertes impuestos a los capitalistas!